El lobby del rector Pérez,
por Eugenio Guzmán.
La semana pasada, en la inauguración del año académico, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, hizo en su discurso un llamado al Gobierno para que incluya a las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), al que pertenece dicho plantel, en la discusión del proyecto de ley para modificar el crédito con aval del Estado.
Hasta aquí todo parece simplemente una declaración de intenciones; sin embargo, su tono cambia cuando asegura que “dado que estamos casi en mayo y todavía no se ha dado a conocer cuáles son los ejes de esta trascendental reforma, sólo cabe suponer que lamentablemente, al parecer, esta nueva política de gobierno se estaría desarrollando a oscuras, entre cuatro paredes y en un contexto que es preocupante”. Pero eso no es todo; adicionalmente agrega: “Tenemos que reconocer que aquí hay un lobby que está trabajando día y noche para ocupar recursos públicos y así hacer más rentable el negocio de la educación superior. Quiero reclamar por esta práctica, que no es transparente y que aparece como sospechosa y contradictoria con las prácticas democráticas”.
Sin detenernos en el lenguaje, propio de una lógica conspirativa y que extraña en la primera autoridad universitaria del país, lo que importa es preguntarse sobre algunos aspectos centrales de la situación de financiamiento de la educación superior, para posteriormente evaluar los dichos del rector Pérez. Veamos algunos antecedentes.
Actualmente, el 20% a que corresponden los alumnos de las universidades del CRUCh recibe el 80% de las ayudas para la educación superior provenientes del Estado (sic). Efectivamente, el 80% de becas, créditos, etc., que llegan a los estudiantes lo concentra sólo el 20%. Si consideramos que actualmente la mayoría de los estudiantes de menores recursos se concentran en instituciones no incluidas en este grupo de universidades, la verdad es que la situación resulta bastante poco equitativa.
Sumado a lo anterior, actualmente los estudiantes de las universidades del CRUCh, que no son los más pobres del sistema, acceden a un sistema de crédito, el Fondo Solidario, que tiene, entre otras, estas características: se le aplican tasas de interés anual de 2% a los créditos; es contingente al ingreso del egresado, es decir, el pago o mensualidad no puede superar el 5% del ingreso del deudor; en situaciones de cesantía, el pago se suspende, y, además, tiene un plazo de 12 años para ser cancelado y a partir de allí se extingue. En total contraste, en el resto del sistema, donde estarían quienes supuestamente estarían haciendo lobby en palabras del rector, sus alumnos pueden optar por el crédito con aval del Estado, cuya tasa anual es de 5,6% (más del doble), correspondiendo a un dividendo fijo (que puede ser muy superior al 5% del ingreso) y no posee plazo para ser pagado; es decir, no se extingue.
Pero para mayor abundamiento, existen otros elementos de juicio. A saber, del total del aporte estatal a las universidades chilenas, el 91% lo reciben las universidades del CRUCh; es decir, el 91% del aporte fiscal directo, indirecto y otros fondos, como Mecesup, son asignados a dichas universidades, y sólo el 9% al resto. Situación inmejorable para dichos planteles y tremendamente desproporcionada para el resto del sistema de educación superior, en el que participan otras universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, gracias a todos los cuales es posible el acceso a la educación superior de miles de estudiantes de menores recursos.
Ciertamente, se podrá discutir que lo que se encuentra detrás de todo esto es un asunto de calidad de los seleccionados a las universidades del CRUCh; no obstante, la realidad no parece ser tan clara en lo que respecta a este tema. El problema es otro, pues tiene que ver con la forma de corregir una situación de alta inequidad a la que miles de estudiantes que no pueden hacer lobby se enfrentan diariamente.
