Cultura: Un nuevo paso hacia el desarrollo
Luciano Cruz-Coke Carvallo, Ministro de Cultura.
El anuncio presidencial, del pasado 21 de Mayo, que propone la creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, viene a hacerse cargo de un viejo anhelo de la comunidad cultural, cuya implementación permitirá también sentar las bases para transitar de la adolescencia a la adultez en materia de desarrollo cultural, potenciando la experiencia ya adquirida por los distintos actores del sector.
Como antecedente a dicho anuncio, la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el 2003 constituye el principal hito de nuestra institucionalidad cultural republicana, lo cual ha permitido un avance fundamental en la promoción de la cultura, las artes y la participación ciudadana.
Sin embargo, resulta transversalmente reconocido que la implementación de este servicio autónomo, que cuenta con un directorio colegiado y cuyo presidente ostenta el rango de ministro, no puso fin a la dispersión de competencias y recursos que la Ley 19.891 intentó, declaradamente, dejar atrás, al pretender, fallidamente, hacerse cargo de un antiguo diagnóstico acerca de la dispersión de la política gubernamental en cultura y cuyos principales antecedentes, en gobiernos anteriores, lo constituyen las comisiones Garretón e Ivelic.
En efecto, si bien la ley otorgó al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la función de coordinar los planes, programas y acciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y del Consejo de Monumentos Nacionales, la institucionalidad cultural no logró integrar a dichos órganos públicos, sobre los cuales recae la tuición administrativa del patrimonio material y que permanecen hasta la fecha presente alojados en el Ministerio de Educación. Lo anterior impide terminar, en la práctica, con la superposición de funciones con diversas reparticiones como el Minvu, la Dirección de Asuntos Culturales de RR.EE., la Dirección de Arquitectura del MOP, la Subdere, entre otros, principalmente en materias de patrimonio e internacionalización.
Por otra parte, reconociendo las ventajas que ha significado para el sector cultural contar con un ministro que integra los gabinetes presidenciales, en estricto derecho, la categoría que la ley otorga al presidente del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es la de jefe de servicio. Dicha situación, junto con limitar su actuación administrativa, incide directamente al momento de suscitar los apoyos suficientes para conseguir el financiamiento adecuado que el sector cultural requiere, debido a la limitante que el hecho de ser un servicio público supone, delegando, en la práctica, las grandes decisiones en materia cultural al Presidente de la Republica de turno.
Es por ello que un futuro Ministerio de Cultura y Patrimonio constituye una oportunidad histórica para que, fruto del trabajo de la comunidad cultural en su conjunto, emerja una nueva orgánica integradora y eficiente que, promoviendo estructuras participativas de la sociedad, termine con las señaladas dispersiones, instalando definitivamente a la cultura dentro del máximo nivel jerárquico que la administración del Estado consagra.
Asimismo, la experiencia mundial indica que los ministerios de cultura han demostrado ser herramientas eficaces para contribuir al desarrollo económico y la cohesión social, potenciando a sus sectores creativos y estimulando la protección de su patrimonio cultural por medio del incremento y focalización de los recursos, tanto en lo nacional como en lo que dice relación con su promoción en el exterior.
En la actualidad, el creciente nivel de desarrollo del país, la mayor demanda de bienes culturales y la emergencia de una sociedad cada vez más consciente de sus derechos, hacen imperativo que el Estado satisfaga estas necesidades mediante la creación de un instrumento adecuado. Así, la experiencia de legislaciones comparadas señala que la tendencia en los estados democráticos es a adoptar el modelo de ministerio con las correcciones necesarias para asegurar la activa participación de la sociedad civil. La incorporación de órganos colegiados, ya sean asesores o con facultades resolutivas, en la toma de decisiones como ocurre, por ejemplo, en Brasil o en Colombia, cuyos modelos ministeriales cuentan con consejos nacionales, regionales o sectoriales, es la fórmula que asegura de mejor manera la participación e integración efectiva de la sociedad en un mundo que demanda crecientemente un mayor intercambio ante la digitalización de las comunicaciones globales de la que hoy somos todos parte.
Hoy, que Chile está ad portas de dar el salto al desarrollo, el anuncio hecho por el Presidente de la República es una señal esperanzadora que pone de relieve la importancia que el Estado de Chile confiere a su cultura.
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