por Cristina Bitar.
En las últimas semanas, la política ha dado otro espectáculo lamentable. La incapacidad para ponerse de acuerdo en proyectos que favorecen al país y a los más pobres resulta incomprensible para la inmensa mayoría de los chilenos, quienes sólo ven recriminaciones y la tan repudiada “pelea chica”. Es imposible dejar de pensar que la Concertación en este último mes ha negado “la sal y el agua” al Gobierno con un propósito evidente: debilitar el discurso presidencial del 21 de mayo. La lógica consiste, en que, en la medida en que se rechazan proyectos de ley, se le impide al Presidente mostrar resultados legislativos en su próxima cuenta al país.
Durante los gobiernos de la Concertación, era tradición que todas aquellas iniciativas legislativas que fueran de suma importancia para el Ejecutivo y que auguraban un complicado tránsito por el Congreso, fueran negociadas y acordadas antes y durante su tramitación. Además, la Concertación solía alinear a sus propios parlamentarios para mostrar una facción unida en torno a sus iniciativas. Cuando no fue capaz de hacerlo, dio paso al surgimiento de díscolos y, con ello, al inicio de su derrota.
Este gobierno no funciona igual. Tiene una nueva forma de legislar. Muchas veces parece que, mientras más en secreto se manejen las iniciativas legislativas, mejor. La idea pareciera ser golpear la mesa en cada mensaje al Congreso, recordarles constantemente a los parlamentarios el poder del Presidente en la fijación de la agenda y tratar de robarle, poco a poco, las banderas legislativas a la oposición, esperando que esta apruebe los proyectos de inmediato. Pero la verdad es que pretender aprobar iniciativas importantes sin haberlas amarrado previamente y a escasas semanas del discurso del 21 de mayo es simplemente ingenuo.
El Gobierno y la institucionalidad están viviendo un momento muy importante, pues, como nunca, hay una coalición gobernante que no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras. Con un gobierno de un sentido y un Parlamento de otro, y transcurrido un año y medio de administración, la institucionalidad sale mejor parada que los actores políticos. Digo esto porque es evidente que la existencia de un Parlamento opositor no paraliza el país, no impide al Gobierno administrar con total eficacia y no pone en riesgo nuestra estabilidad institucional.
Pero, ¿qué pasa con la capacidad de los actores políticos para sacar adelante una agenda legislativa? Salvo los proyectos vinculados a la reconstrucción post-terremoto y salvo también la excepción del ministro Lavín, quien sacó adelante un proyecto de reforma educacional sin una lógica maximalista y con plena conciencia de la importancia de los tiempos en los procesos políticos, no hay mucho más importante que mostrar. Quizás las carteras de Trabajo y Defensa sean las siguientes en avanzar. Matthei lleva adelante una agenda laboral que equilibra flexibilidad y fiscalización. Allamand ha socializado políticamente una propuesta de financiamiento de la Defensa que pone fin a la llamada ley del cobre, que rige desde hace más de cincuenta años y que ningún gobierno se había atrevido a abordar después de 1990.
Si la Concertación cree que puede hacer el “trabajo sucio” de oposición rechazando todo, para luego esperar la vuelta redentora de la ex Presidenta Bachelet, está completamente equivocada. Pero, por otro lado, el Gobierno tiene que mejorar su trabajo legislativo. No basta con llorar sobre la leche derramada del obstruccionismo opositor. El Gobierno tiene la llave para destrabar la situación y para llevar a cabo sus propios objetivos. No se trata de hacer concesiones ilimitadas a la oposición, ni mucho menos permitir que la Concertación le imponga la agenda —al fin y al cabo, ella no es gobierno—, pero sí puede mejorar la manera en que se relaciona con ella. La Moneda puede sacar adelante sus iniciativas abriendo sus puertas al diálogo antes de enviar sus proyectos al Congreso, o al menos mostrando una voluntad real de discutirlos una vez que han sido enviados. El Gobierno también puede ganar mucho alineando a sus propios partidos y parlamentarios al momento de las votaciones, y poniendo fin al lenguaje que hemos visto en estos días. El tono del debate puede ser sobre ideas y no sobre personas. Este gobierno cuenta con la oportunidad única de enfrentar temas que la Concertación prefirió callar durante 20 años, pero para convertirlos en logros del país y no sólo de un sector.
