La matriz universitaria,
por Gonzalo Müller.
El pasado jueves, más de 20 mil jóvenes estudiantes universitarios y secundarios marcharon por reformas al actual sistema de educación superior, poniendo en evidencia las fallas y desigualdades que éste genera y solicitando mayores recursos por parte del Estado.
Pero no basta con inyectar más dineros al sistema, sin antes revisar si el actual modelo de educación superior cumple con estándares de igualdad en el trato y acceso que tienen los jóvenes de nuestro país, y la transparencia que existe en el uso de esos recursos.
Así, vemos que la mayor parte de las críticas apunta a las desigualdades que enfrentan los alumnos al momento de recibir ayuda en el financiamiento de sus estudios. En los hechos, existirían «alumnos de primera categoría», pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), y de segunda: la inmensa mayoría, casi el 80% que asiste a universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Sin embargo, el grupo de los pertenecientes al CRUCH concentra el 80% de las ayudas estatales para la educación superior, asignación basada en criterios históricos y no de necesidad socioeconómica, dejando en una situación de desmedro al resto de los estudiantes.
Este desigual trato del Estado frente a los estudiantes se hace más evidente al ver cómo los alumnos del CRUCH acceden a un crédito solidario en condiciones mucho más ventajosas que sus pares que estudian en otras instituciones. La diferencia en la tasa de interés es brutal: para los primeros, un 2%, y para el resto, casi un 6%. En verdad, no se entiende qué justifica que los alumnos con mayor necesidad de ayuda deban asumir créditos más caros, generando un excesivo endeudamiento de sus familias. De los profesionales que egresan del CRUCH y contaron con crédito solidario, sólo un 40% paga esta ayuda recibida para realizar sus estudios; con su actitud no sólo reducen la capacidad del mismo fondo de crédito a incorporar nuevos beneficiarios, sino que evidencian el diferente trato frente aquellos que, estudiando con créditos con aval del Estado, deberán responder por sus deudas sin importar qué porcentaje de sus futuros ingresos deban destinar para estos efectos, ni tampoco el tiempo que se demoren en servirlas.
Lo inequitativa de la actual distribución de los recursos destinados a la educación superior y el trato discriminatorio entre los jóvenes frente al sistema de financiamiento, sólo basado en el tipo de institución a que pertenecen y no en sus necesidades o capacidades, revela la urgencia con que debe ser enfrentada la discusión de una reforma a la educación superior y, sobre todo, avanzar hacia un sistema único de crédito estudiantil, que garantice el igual acceso de todos a las ayudas ofrecidas por el Estado.
Si creemos que la educación es por lejos el mayor responsable de la movilidad social, capaz de provocar grandes saltos entre generaciones, debemos entender que la promesa de una sociedad más integrada y justa, basada en el mérito, no se puede cumplir con un sistema de educación superior que obedece al Chile del pasado, rígido y tradicional, y donde los privilegios que antes se otorgaban sin mayor cuestionamiento hoy nos parecen inaceptables.
El Gobierno debiera revisar el conjunto de los recursos destinados a la educación superior bajo parámetros de mayor equidad y justicia en la distribución, abriendo la posibilidad a que todos los estudiantes e instituciones de educación superior reciban un igual trato en el acceso a estos dineros públicos, pero también estableciendo y fiscalizando exigencias reales de calidad de la educación que se ofrece, y de mayor trasparencia en el uso de esos recursos.
