Edificaciones ligeras
Patricio Herman (*)
En el vespertino La Segunda del martes pasado se entrevistó a Eduardo Bitrán, ex ministro de Obras Públicas y a Lorenzo Constans, presidente de la Cámara de la Construcción, quienes expresaron sus opiniones acerca de las trágicas consecuencias del terremoto. Mientras el primero, con espíritu autocrítico y buen nivel de conocimiento, señalaba las irresponsabilidades cometidas por algunas concesionarias de autopistas el segundo, tratando de cuidar la ya deteriorada imagen de su sector, eufemísticamente decía que los colapsos de los edificios nuevos eran simples errores que tenían que ser investigados.
Ahora bien, por ser Chile un país sísmico sus construcciones se deben enmarcar en exigentes normativas en materia estructural y así es. El terremoto de 1985 nos enseñó que con los cálculos y con el tipo de materiales que se utilizan para edificar no se juega, lo que en rigor no ha sido entendido todavía por ciertas inmobiliarias que privilegian sólo los márgenes de utilidad en sus negocios.
El nuevo embate de la naturaleza que nos asoló en la madrugada del sábado 27/02/10 produjo daños de enorme consideración, muchos irreparables y gracias a la TV pudimos observar como algunos edificios recién construidos en Santiago, Concepción, Viña del Mar y Valparaíso sufrieron deterioros estructurales cuyo compromiso hace imposible su reparación: necesariamente se tendrán que demoler. El reciente terremoto y su consiguiente no anunciado maremoto produjeron centenas de invaluables pérdidas humanas y unos 25 mil millones de dólares en menoscabos materiales.
Es necesario que la opinión pública conozca los nombres de las inmobiliarias que tendrán que asumir sus responsabilidades civiles y penales por construir mal y en tal sentido le exigimos al Minvu que antes del 11/03/10, fecha del cambio de gobierno, entregue un listado de las mismas. En nuestra opinión el descalabro se produjo por distintas fallas en los diseños, en la ingeniería y en la construcción de los proyectos de uso público y privado y en algunos casos de edificios habitacionales, además, por deficientes estudios de mecánica de suelo, si es que los hubo.
Desde hace muchos años en esta tribuna y en otros medios estamos denunciando que el Estado chileno ha abdicado de su rol fiscalizador en materia de construcción y en varias ocasiones, por escrito con otras organizaciones ciudadanas, se lo hemos representado a la Presidenta Bachelet, documentos que sus asesores posiblemente no le han hecho llegar a ella. El aparato del Estado supone que el sector privado se tiene que hacer responsable de sus actos y desde hace algunos años la ley de la calidad de la construcción dice que el primer vendedor, inmobiliaria o constructora, debe garantizar por 3, 5 y 10 años la edificación que ha vendido. En materia de estructura, por razones de bastante lógica, el plazo es el más extenso.
Los ingenieros de cálculos de estructuras en general hacen bien su cometido, sobre todo cuando se trata de edificios corporativos, pero en los casos de edificios de departamentos que se venden a terceros, no siempre todos proceden con rigurosidad profesional. Hay algunos chambones que, utilizando programas computacionales de dudosa calidad, firman los planos que no son revisados por las direcciones de obras municipales y determinados titulares de proyectos, para abaratar costos, construyen con materiales no aptos para soportar las pesadas y voluminosas estructuras.
Hoy en día las municipalidades no constatan que la calidad informada de la obra sea la misma y por ello pasó lo que todos sabemos y en tal sentido, en la práctica, ni los arquitectos proyectistas, ingenieros calculistas, arquitectos revisores independientes, constructores, jefes de obras, ni inspectores técnicos que tienen por obligación certificar que la construcción se hiciera de la manera correcta tienen mayores responsabilidades en el desastre. El único responsable final es el llamado primer vendedor, es decir, la persona jurídica que hizo el negocio que le reportó ingentes utilidades. Esto es así porque con anterioridad a la ley actual todos se echaban la culpa y al final el responsable solía ser el pobre muchacho que servía el café a los dueños de la inmobiliaria.
No conocemos los porcentajes de gente que ha comprado sus viviendas al contado, pero suponemos que son los menos. La mayoría ha tenido que recurrir al sistema bancario para solicitar un crédito hipotecario cuyo plazo llega en ocasiones a los 30 años, si los clientes son jóvenes. En los dividendos se considera el ítem correspondiente a un seguro de desgravamen y a un seguro de incendio con un adicional contra sismos. No todas las pólizas contemplan este último seguro, el cual, en todo caso, de existir, tiene matices que deben ser analizados por los asegurados con sus abogados ya que sabemos cómo proceden esas empresas con sus clientes. De acuerdo a cifras publicadas en la prensa, sólo el 34% de las viviendas aseguradas contra incendio tiene el adicional anti telúrico.
Por lo informado anteriormente y en aras de la denominada Responsabilidad Social Empresarial, esperamos que todas las inmobiliarias que vendieron departamentos inhabitables, reconozcan sus garrafales errores y devuelvan el dinero a quienes, obnubilados con sus folletos promocionales, creyeron en las bondades de sus inmuebles. Sería de muy mal gusto que tales actores comerciales no asuman sus responsabilidades pecuniarias y que esperen ser demandados judicialmente por sus clientes y en tal sentido esperamos conocer pronto una declaración de la asociación gremial empresarial.
Sabemos que al sector privado de la construcción no le gusta que el Estado cumpla con sus atribuciones en resguardo del interés público y es más, se caracteriza por ser un impenitente pedigüeño de franquicias y beneficios tributarios. Y al necesario control, con desprecio, le llaman burocracia que entorpece el crecimiento económico y la absorción de mano de obra.
En todo caso y por transparencia, es necesario que la opinión pública conozca los nombres de las inmobiliarias que tendrán que asumir sus responsabilidades civiles y penales por construir mal y en tal sentido le exigimos al Minvu que antes del 11/03/10, fecha del cambio de gobierno, entregue un listado de las mismas, indicando los nombres de sus socios, para que exista una sanción moral en contra de aquellas. Y es más, quisiéramos que ese ministerio, cautelando los legítimos intereses de los compradores, se haga parte en los juicios que vendrán, apoyando a los engañados.
Quisiéramos que en el gobierno de Piñera las cosas cambien y nos pongamos al nivel de los países del primer mundo. Es imperioso que los guarismos de los ingenieros calculistas que se desempeñan en el sector privado sean confrontados con sus colegas de la administración del Estado, existiendo además una rigurosa fiscalización de los materiales utilizados en las obras. Que esto signifique encarecer los proyectos y atrasar en algunos días las autorizaciones correspondientes se justifica plenamente, si así se evitan los desastrosos resultados que hemos observado en estos días.
(*) Patricio Herman es el Presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad.
http://www.defendamoslaciudad.cl/
Tomado de El Mostrador.cl
