Lucro en el sistema escolar:
aprender a leer la “letra chica”
por Gregory Elacqua y Víctor Herrero.
El fin del lucro en la educación ha sido una de las principales demandas del movimiento estudiantil. La Moneda ha rechazado rotundamente esta demanda, mientras que parlamentarios de oposición (y algunos oficialistas) la han recogido en una moción del Senado que propone prohibir el lucro en instituciones educacionales.
El problema es que nuestra clase política ha demostrado una asombrosa incapacidad para entender que el lucro es sólo la punta del iceberg. En muchos sentidos, el lucro se ha convertido en la palabra que simboliza un sentimiento que comparten muchos chilenos, en especial la clase media: una carta blanca para el abuso del poder económico sobre consumidores que se sienten indefensos.
Pero en la educación lo que subyace a la crítica contra el lucro es algo mucho más acotado, simple y, por lo mismo, mucho más potente. ¿Cuál es el verdadero deseo que está detrás de esta demanda? Saber en qué se gasta, cómo se gasta y quién se beneficia con las platas que el Estado chileno entrega a la educación. En otras palabras, muchos chilenos han aprendido a leer la letra chica y ahora exigen explicaciones.
Si el dueño de un colegio particular con fines de lucro se compró un Audi último modelo con los recursos que provenían de la subvención escolar, tenemos el derecho a saberlo.
Si un colegio religioso remodela su capilla o erige una estatua de la Virgen con los excedentes de la subvención escolar, tenemos el derecho a saberlo.
Si un alcalde busca asegurarse la re-elección al dirigir recursos de la subvención escolar hacia ciertas escuelas o áreas de la comuna donde busca obtener más votos, tenemos el derecho a saberlo.
Por lo tanto, el primer gran paso es transparentar —hasta el último peso— todos los recursos que el Estado entrega a todos los sostenedores: privados con fines de lucro, privados sin fines de lucro y municipales. La Superintendencia de Educación, que fue aprobada en abril y que será implementada en 2012, debería desempeñar este papel.
Un segundo paso es garantizar que los recursos públicos se destinen mayoritaria y efectivamente a impulsar la calidad de la educación: mejorar la tecnología y gestión escolar, capacitaciones e incentivos para los profesores, modernizar la infraestructura, etc.
Si el dueño de un colegio con fines de lucro se compró un Audi de último modelo en vez de invertir en un laboratorio de química, ¿debería seguir recibiendo los mismos fondos públicos?
Si un colegio religioso remodela su capilla o erige una estatua de la Virgen en vez de invertir en un laboratorio de química, ¿debería seguir recibiendo los mismos fondos públicos?
Si un alcalde constantemente favorece ciertas escuelas de su comuna (que atienden a los hijos de su base electoral), mientras que otras escuelas se quedan sin laboratorios de química, ¿debería seguir recibiendo los mismos fondos públicos?
La Ley de Subvención Preferencial de 2007, donde el Estado entrega más recursos a las escuelas por cada alumno de escasos recursos que tengan matriculado y que fiscaliza el uso de estos recursos adicionales, podría ser un buen modelo a seguir para fiscalizar el uso de todas las subvenciones para todos los colegios.
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