Izquierdas y derechas, unidas,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Sea cual sea el resultado de las negociaciones, los estudiantes dirán que ganaron la batalla. El Colegio de Profesores los apoyará y la Concertación los adulará.
Pase lo que pase en las mesas de trabajo, el Gobierno dirá que, gracias al diálogo, el conflicto pudo encontrar su salida. Más que destacar sus eventuales éxitos, comunicará que el resultado ha sido producto de algún misterioso tipo de unidad nacional.
Por su parte, agotada por la tensión del conflicto, la mayoría de los chilenos suspirará aliviada y enfocará su interés en los diversos modos de recuperar el tiempo perdido, porque no hay quien no cuente entre los suyos a un movilizado, a un no estudiante.
Mientras tanto, ella, fantasmal, se paseará por todos los recintos educacionales del país mostrando sus credenciales y buscando recuperar su lugar. Pero en muchos sitios será ignorada, y en otros insultada por fascista o retrógrada.
Ella es la autoridad; ella es la desplazada, la marginal, la sin techo desde mayo.
Claudicó en su ejercicio la mayoría de los rectores cuando desfilaron con sus alumnos brazo a brazo; volvieron a dañarla cuando ellos mismos toleraron las tomas de sus principales edificios, casas centrales incluidas, y consolidaron su negligencia al taparse los ojos frente a cientos de profesores que, pudiendo enseñar, dejaron de hacerlo para congraciarse con los alumnos movilizados.
Falló en su tarea de recuperarla un gobierno que fue siempre a la rastra de las demandas estudiantiles, que no logró fijar nunca -ni hasta ahora- una línea fronteriza entre lo negociable y lo intocable; un gobierno que por momentos olvidó que fue elegido para ser también autoridad educacional, y no meramente buzón de los estudiantes.
Y así estamos: unos y otros les han regalado la autoridad a los alumnos, los únicos que por definición no la tienen, y que sólo podrían adquirirla si la viesen encarnada en sus mayores.
Pero esta vez no la verán, a no ser que venga un giro profundo en la actitud con que se enfrenten dos situaciones que deberán salir a la luz, si la transparencia no es puro blablá.
Primero, las condiciones en que queden los inmuebles devueltos por los alumnos hoy en toma. Cada inventario debe ser hecho con el máximo de seriedad, porque sólo recordar lo que sucedió cuando un grupo de alumnos de ultraizquierda retuvo hace años los recintos de una universidad de izquierda, en un gobierno de izquierda, da escalofríos al pensar cómo se irán a devolver ahora los recintos. ¿Se atreverán los rectores, una vez cuantificados los daños, a pedir la inhabilidad de los dirigentes que apoyaron las tomas y a iniciar los sumarios respectivos?
Y, en segundo lugar, la situación de todos aquellos profesores que cambiaron el vínculo básico que tenían con sus instituciones -el contrato de trabajo- por otro a su gusto, inexistente jurídicamente, y que los llevó a depender de la voluntad de los alumnos en paro. ¿Se atreverán los rectores a descontar sueldos por planilla y a consignar esas faltas en las hojas de vida, con la misma rapidez con que se reconoce en un currículo la última publicación científica?
Por supuesto, la mayoría de los rectores no va a hacer ni una cosa ni la otra. Saben que pronto se discutirá en el Congreso el proyecto de ley que autoriza las elecciones triestamentales y las tomas de decisiones en cogobierno. Saben también que ese proyecto fue presentado por los tres diputados del PC, adelantándose al Gobierno, al que no le quedará más que apoyar su propio anuncio.
En estos días de homenaje a Parra, las izquierdas y las derechas unidas, jamás serán vencidas. Sólo será derrotada una vez más la autoridad, palanca de la educación.
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