Ausencia de justicia e impunidad del vandalismo,
por Hernán Felipe Errázuriz.
Es impactante que ninguno de quienes aprovecharon las recientes marchas, tomas y huelgas ilegales para delinquir haya sido todavía condenado. Centenares fueron puestos a disposición de la justicia por agresiones a carabineros, incendios y destrucción de propiedad pública y privada, incluidos 150 vehículos policiales inutilizados. Más de 600 carabineros resultaron heridos, muchos de gravedad. Todos los detenidos quedaron libres, salvo dos, hasta donde se sabe; uno, por haberle lanzado una bomba a un carabinero, y el segundo, por causar lesiones graves a otro policía, y al que una semana después de haber comparecido y ser liberado por el juez la Corte le revocó la libertad .
En contraste, en Gran Bretaña, protestas menores a las chilenas han significado mil 350 vándalos puestos a disposición de los tribunales, 157 condenados, cerca de 800 detenidos y 327 sujetos a trabajos comunitarios y bajo fianza. Los jueces funcionaron en horarios extraordinarios y fueron reforzados por magistrados retirados. El gobierno dispuso de fondos especiales para programas de rehabilitación. Gobernantes, opositores y la justicia apoyaron a la policía, reclamaron sanciones ejemplares y siguen atentamente el curso de los procesos con información centralizada y confiable. También hubo de lamentar la muerte de un joven inocente por la policía.
Habría que considerar las consecuencias de la frustración de los carabineros maltratados, expuestos a graves riesgos y que ven deteriorada su autoridad cuando detienen criminales que no reciben sanción. Hay más policías investigados -algunos detenidos- que delincuentes formalizados por haberlos agredido. Otro doble estándar para la justicia de los uniformados.
Cabría preguntarse cuáles son las fallas del sistema que permiten la impunidad del vandalismo y burlarse de la ley para volver a cometer fechorías. Desde luego, es un secreto a voces la permisividad de los jueces de garantía, en algunos casos facilitada por las dificultades de la policía para acompañar pruebas de agresores encapuchados. Otra causa es la falta de información sistemática -sea por ineptitud o bien por el vértigo de la reserva- de los procesos por desórdenes, que dificulta políticas públicas e impide que la policía, los fiscales y la justicia rindan cuenta de su efectividad a la ciudadanía.
Además, nuestro sistema penitenciario está colapsado y sin programas de rehabilitación para disminuir las reincidencias en estos delitos. No sólo se trata de aplicar el peso de la ley y encerrar a los delincuentes, sino además de formular estrategias para prevenir y disminuir su recurrencia por vías ejemplarizadoras y educativas.
Lo concreto es que las instituciones están operando en favor de los vándalos, y no se conoce un plan para corregir las fallas que amagan la seguridad ciudadana y debilitan a la justicia y a Carabineros.
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