Una mirada a los datos de la serie de las encuestas políticas del Centro de Estudios Públicos —cuyo informe junio-julio 2011 se conoció el pasado jueves— permite observar las oscilaciones de popularidad de mandatarios y gobiernos a lo largo de 20 años. En muchos casos se pueden aventurar correlaciones entre esos cambios y ciertas situaciones de la realidad política o económica en el momento en que se efectuó la respectiva encuesta. Así, los auges y declives de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet pueden interpretarse a la luz de fenómenos del ciclo económico o conflictos políticos, con un considerable nivel de coincidencia.
Asimismo, pese a que la encuesta del CEP es semestral, en el cuadro general del país los cambios entre una y otra no suelen ser bruscos, y muestran cierta gradualidad.
Todo eso parece haber cambiado durante el último año. Por de pronto, porque se trata del primer gobierno de centroderecha en esas dos décadas de análisis, y del primer ejercicio de oposición democrática para los partidos de la Concertación. En consecuencia, no es descartable que unos y otros estén sufriendo costos derivados de esa mera inexperiencia para ejercer sus respectivos papeles institucionales.
No obstante, todo indica que hay un mar de fondo en la brusca caída del apoyo al Presidente Piñera desde noviembre-diciembre 2010 hasta ahora (de 44 a 26 por ciento, esta última, la cifra más baja registrada en estos 20 años), y en el hecho de que, simultáneamente, se alcance el registro más bajo en cuanto a la aprobación a cómo la oposición cumple su labor (16 por ciento). Los liderazgos individuales, en general, aparecen igualmente censurados, y las adhesiones a las coaliciones políticas registran bajas sin precedentes. Sobre las razones de lo anterior no hay interpretaciones compartidas entre los líderes de opinión.
No interesa sólo escrutar las causas del débil apoyo al Gobierno y a la institucionalidad política en general, pese al favorable entorno económico en materia de empleo y crecimiento, sino indagar también las contradictorias visiones de los encuestados entre su esfera personal y el ámbito nacional, ya que sus negativas apreciaciones sobre el manejo del país —incluida la gestión económica— contrastan con el nivel de satisfacción que expresan respecto de su propia vida o su situación financiera.
De esa insatisfacción con lo público, ¿cuánto es percepción y cuánto realidad? ¿Cuánto influjo internacional y cuánto local? ¿Cuánto transitorio y cuánto permanente? ¿Cuánto de espontáneo y cuánto de agitación organizada?
Por desgracia, ante la complejidad de este cuadro, las encuestas aportan menos certezas y luces. Definitivamente, la fotografía del instante político se ha vuelto más difusa y difícil de interpretar, salvo en cuanto a que los encuestados expresan un rechazo generalizado al estado de cosas en el ámbito público.
Principio de autoridad restablecido
El Gobierno se empeñó por completo en restablecer el principio de autoridad, al hacer valer la prohibición de marchar el jueves por la Alameda y reiterar que su planteamiento educacional está contenido en la propuesta dada a conocer por el ministro Bulnes, y que su discusión corresponderá ahora al Congreso. Ya no se lo ve ansioso por intentar ganar el favor de la calle. Los ministros parecen retomar su agenda de tareas y, así, se observa a Pablo Longueira desplegado en una amplia agenda de materias en favor de la competitividad y el fortalecimiento de la perspectiva del usuario y la pequeña empresa; al ministro Rodrigo Álvarez, priorizando los desafíos energéticos de su cartera e, incluso, la concurrencia del ministro Rodrigo Hinzpeter al Congreso, para dar cuenta del aumento de las cifras de delincuencia. Todo eso es propio de una cotidianidad democrática.
Precisamente a eso aspira el Ejecutivo en cuanto a encauzar el conflicto educacional, pues sin duda el movimiento estudiantil logró poner en el centro de la atención pública las tareas pendientes, disfuncionalidades, frustraciones y expectativas que el sistema educacional no ha recogido en los últimos años.
Necesidad de volver al cauce institucional
La oposición política y los sindicatos de profesores, entre otros, adhirieron al movimiento como una manera de introducir sus propias agendas o de suplir la falta de planteamientos para empatizar con los votantes. Pero, tras casi dos meses de efervescencia y numerosas propuestas, la opinión pública reconoce el esfuerzo del Ejecutivo y también del Congreso por avanzar en esta materia, y comienza a observar las contradicciones de la cúpula estudiantil.
El reclamo de ésta sobre el déficit de participación en nuestra democracia contrasta con muchas prácticas de los manifestantes, que muestran desprecio por las formas democráticas y gran intolerancia. Es decidor que en el momento más candente del conflicto, la asamblea de estudiantes de la U. Católica, una de las más prestigiadas casas de estudio, para definir la mantención de las movilizaciones resolviera favorablemente con el voto de apoyo de sólo 21 de los 65 dirigentes elegidos, siendo el resto oposiciones, abstenciones o inasistencias.
Una amplia mayoría ciudadana apoya la demanda general de educación de calidad, gratuidad y ausencia de lucro hecha por los alumnos, pero también quiere que esa discusión se traslade al cauce institucional y salga de la calle y las barricadas. Una muestra de ese estado de conciencia son las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, en favor de que los estudiantes vuelvan a clases y al diálogo en un escenario institucional.
Tomado de la página Editorial de Diario el Mercurio.
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