Los primeros pasos,
por Hernán Büchi Buc.
Las recientes propuestas económicas del nuevo Gobierno han sido controversiales. A pesar de haberme referido a ello, es imposible dejar de hacerlo nuevamente en estas líneas. Cuando se trata de una administración de sólo cuatro años, sus primeras semanas marcan su impronta. Puede ser que en este caso ello sea menos claro, dada la emergencia producida por el terremoto reciente.
Lo primero que podemos observar es que la oposición, que debe aprender a serlo en democracia buscando elementos que la unan distintos al poder, aparece en una posición negativa a cualquier propuesta.
Por ejemplo, el Ejecutivo propuso una ley de donaciones conservadora y modesta para esta emergencia. Ante ella, un ex Presidente se precipitó a decir que la caridad no debía requerir de estímulos, cuando la ley lo único que hace es no castigar con impuestos a quien quiere ser solidario y ayudar a través de un fondo manejado por el Estado.
Probablemente el convencimiento de una oposición a ultranza llevó al Gobierno a una propuesta tan limitada y decidió que una aprobación expedita era preferible a una visión más integral que abriera hoy y en el futuro múltiples canales para la solidaridad de la gente.
En el reciente anuncio del Programa de Reconstrucción y Financiamiento también se observan elementos similares. ¿Cuál es la razón de insistir en la necesidad de subir impuestos? ¿Para parecer más balanceados en un programa que de otra manera podría haber sido criticado con más fuerza por la oposición? El gobierno no ha sido claro en establecer la realidad fiscal. Ha insinuado que el déficit estructural es de magnitud. De las cifras preliminares no se desprende eso ni la necesidad de subir impuestos. Pero aún si el déficit fuera relevante, la poca deuda que tiene el país permite corregirlo en varios años sin grandes inconvenientes. El uso de reservas y la venta de activos pueden ser un complemento para paliar los efectos de un terremoto donde el Gobierno ayuda a los pobres y enfrenta los daños de su responsabilidad, y los privados los suyos, que son muchos.
Pero no sólo en proponer alzas de impuestos hubo una concesión a una oposición que será insaciable. También en los impuestos elegidos. Hay impuestos muy fáciles de promover, como los aranceles o a las empresas, pero que afectan a la larga el bienestar de los más pobres. Parece existir consenso suficiente para no manipular los aranceles. Respecto de los impuestos a las empresas por 20 años, la entonces oposición trabajó duramente, con razonable éxito, para evitar que la Concertación hiciera demagogia con ellos. Esperemos que ese esfuerzo no haya sido destruido en pocos días y con la primera propuesta importante del Gobierno. Un supuesto mayor apoyo de la oposición, que será efímero, no lo amerita.
Los impuestos a las empresas no son bajos en Chile. Según la OCDE, somos de los países que más recaudan en términos de producto por este concepto. Otros países caen en abundantes excepciones para sobrevivir tasas asfixiantes, pero esa opción no es conveniente.
Pero lo que más preocupa de lo anunciado es que con estas decisiones, el Gobierno no aborda la peor herencia recibida: el bajo crecimiento. En efecto, éste cayó sistemáticamente en los últimos 20 años, y durante el Gobierno Bachelet sólo se creció en promedio un 2,8% anual y la productividad cayó 1,6% por año. No hay manera de darles una oportunidad a los pobres sin corregir esa realidad. Para ello, lo crítico es que se emplee e invierta eficazmente, y el alza de impuestos a las empresas no lo facilita.
Si este tipo de propuestas marcará el sello del nuevo Gobierno, no podemos esperar el salto de crecimiento que falta para catapultarnos al desarrollo. Afortunadamente, el Gobierno tiene buenos equipos y las condiciones externas lo acompañan. Gracias a ello es probable que la caída se detenga y se estabilice el crecimiento. Pero sólo si digerida la emergencia presenta un programa que realmente lo potencie, podremos ponernos una meta más exigente: la derrota de la miseria.