Política social: más allá del corte de cinta por Ignacio Irarrázaval.

Política social: más allá del corte de cinta

por Ignacio Irarrázaval.

Mucho se ha comentado ya sobre el segundo tiempo del Gobierno, que contará con un gabinete más político, que deberá hacer relucir sus logros. ¡Menos tecnicismo y más política, eso es lo que falta!, se ha dicho. Efectivamente, en el ámbito de la política social, buena parte del primer tiempo estuvo dedicado al diseño institucional, probablemente más lento de lo que se quisiera, pero sin pausa en el proceso de formulación de estas iniciativas. En este sentido, es importante resaltar que esta nueva etapa de gobierno no consiste sólo en inaugurar o cortar cintas de nuevas instituciones, sino en ponerlas en marcha efectivamente para que contribuyan al bienestar del país.

Estudios cualitativos han señalado que, para el ciudadano promedio, el concepto de protección social que se ha instalado se asocia culturalmente a la entrega de bonos en dinero de acuerdo a ciertos requisitos. ¿Cuál es el legado de fondo que a este gobierno le interesaría dejar en el ámbito de la protección social? Existen al menos cuatro iniciativas relevantes para construir una herencia trascendente.

La aprobación de la ley del Ministerio de Desarrollo Social instaurará por primera vez en Chile un sistema de monitoreo permanente de los programas sociales, y una Subsecretaría de Evaluación Social que pretende coordinar intersectorialmente las iniciativas sociales del Gobierno. Hace algunos meses, en una investigación, pudimos constatar con estupor que no había certeza del número de programas sociales que operan en Chile. Tampoco de los impactos esperados y de los posibles traslapes o complementariedades en los beneficios. Ciertamente, esta nueva institución puede tener poco atractivo mediático, pero definitivamente contribuirá al mejor uso de los recursos públicos en aras de mejorar las condiciones de vida de las personas.

Un segundo aspecto se refiere a la urgencia de crear un servicio de adopción y protección de derechos de la infancia, separado institucionalmente del tratamiento de los adolescentes infractores de la ley. Si bien esta proposición se hizo inicialmente el año 2006, aún no ha sido posible concretarla. Su implementación significará un avance importante en términos de cumplir con las recomendaciones de la Convención de Derechos del Niño.

Un tercer tema de relevancia se refiere a la necesidad de actualizar la medida oficial de la pobreza. Al presentarse los datos de la Casen 2009, hubo algunas discusiones públicas respecto de qué tan representativa de la realidad actual es esta medición, dado que han cambiado los patrones de consumo; por lo tanto, es necesario que la autoridad dirima este punto antes de dar a conocer los resultados de la Casen 2011. Nuevamente, esta discusión puede tener un alto contenido técnico, pero es esencial para la formulación de política.

Finalmente, la implementación del Ingreso Etico Familiar es una promesa relevante de la campaña de gobierno. Sabemos que la brecha de pobreza es menos de un 0,5% del PIB. Nuevamente, el problema no está necesariamente en los recursos, sino en una solución técnica que no desincentive la disposición a trabajar, pero que a su vez contribuya al objetivo de equidad que todos anhelamos.

En resumen, los que ejercen el arte de gobernar podrán enfatizar la gestión política, pero debe estar equilibrado con un proceso de formulación de políticas públicas basado en los conocimientos aplicados existentes.