También nos están vigilando y escuchando, por Hernán Felipe Errázuriz.

También nos están vigilando y escuchando,

por Hernán Felipe Errázuriz.

El mayor escándalo periodístico en la historia de Gran Bretaña es una noticia en desarrollo, con experiencias interesantes para todo el mundo. El periódico de habla inglesa de mayor circulación, cerró. El principal magnate de la prensa y su imperio están en caída libre. Varios periodistas están en prisión o van en camino a ella. Se interceptaron ilegalmente miles de teléfonos para lograr golpes noticiosos. Se transgredieron criminalmente la privacidad y la decencia informativa. Los abusos no se investigaron mientras los afectados eran faranduleros ansiosos de publicidad. Todo cambió cuando la intimidad de políticos connotados y de ciudadanos anónimos resultó amagada por procedimientos ocultos y contrarios a principios elementales de la ética periodística.

En Chile creemos estar a salvo de esos abusos. Es cierto que no tenemos prensa amarilla relevante como en Gran Bretaña, y prevalece el periodismo responsable. Pero los riesgos son crecientes. La tecnología para las grabaciones ilegales está disponible y amenaza cada día más la privacidad y seguridad de las comunicaciones. En Chile hay miles de personas capacitadas para realizar esas intervenciones ilícitas, y el Estado, las Fuerzas Armadas, las policías y la Agencia Nacional de Inteligencia cuentan con instalaciones y personal para intervenir simultáneamente varios miles de teléfonos, comunicaciones por Internet y circuitos cerrados de cámaras de televisión. Cualquiera de sus miembros podría corromperse y chantajear, y no hay garantía de que la información capturada quede a buen recaudo o se emplee únicamente para fines legítimos. En estos días, un fallo de la Corte Suprema dispuso indemnizar a un abogado cuyo teléfono fue intervenido ilegalmente. Ni el juez que lo autorizó ni el fiscal solicitante han sido castigados. Escala el abuso mediante cámaras ocultas por los canales de televisión. En un comienzo fue sólo para denunciar actos criminales.

Además, estamos en el umbral de la Ley de Televisión Digital, que permitirá 60 canales de cobertura nacional y varios centenares para televisión local. Entonces se desencadenará una competencia compulsiva por la noticia exclusiva a cualquier costo, como en la experiencia británica.

El aumento del poder del Estado y los inevitables progresos tecnológicos amenazan crecientemente a la legítima intimidad y se prestan para abusos de la libertad de información. Estas realidades deben asumirse mejorando los controles ciudadanos sobre el aparato estatal y con legislaciones modernas para proteger el derecho a la privacidad de las víctimas de abusos de la libertad de información. De lo contrario, todos estaremos expuestos a que nos vigilen y que abusen impunemente de nosotros.