La Superintendencia de Bancos entre fuego cruzado,
por Hernán Felipe Errázuriz.
El polémico atado de los créditos hipotecarios envuelve otro aspecto tanto o más importante que prevenir abusos de la banca: está en juego la independencia de la Superintendencia de Bancos y, con ello, el riesgo de contaminar políticamente su cometido técnico.
El ministro del Interior y Vicepresidente de la República y la vocera ministra Secretaria General de Gobierno opinan sobre la necesidad de revisar la normativa, como si estuviera en la esfera de sus atribuciones. En rigor, sin querer, amagan la autonomía legal y práctica que se reconoce a ese servicio. Si la superintendencia se excede en sus funciones o altera la libre competencia, para eso están los tribunales y el Sernac, y no los ministros de Estado.
La Superintendencia de Bancos debe transitar por la delgada línea roja que le fijan sus funciones fiscalizadoras y normativas y, paralelamente, sortear las presiones de la banca, los gobiernos y los parlamentarios. Para protegerla de los intereses particulares, políticos y económicos, y para evitar que se aparte de sus obligaciones, la ley la blinda, le reconoce independencia operativa y le asigna recursos por una ley especial y permanente.
Contrariamente, desde hace varias décadas el Estado se apropia anualmente de la mayor parte de esos fondos y los destina a otros fines. El resultado es que se le restringen los medios para vigilar y regular a la poderosa industria bancaria, que cuenta con personal altamente calificado, bien remunerado, inteligente y ambicioso.
Además, la superintendencia está expuesta a interferencias políticas. Nuestra historia registra funestos precedentes de utilización política de esa superintendencia. El más grave ocurrió durante el gobierno de Allende. Entonces, el superintendente Matamoros, obsecuente con su ideología, logró intervenir y luego, utilizando presiones ilegítimas, expropiar a todo el sistema bancario para transformarlo en un instrumento de ese gobierno y para ahogar al sector privado.
Grandes personalidades se han desempeñado como superintendentes de Bancos, y algunos han servido a más de un gobierno. Es el caso de Miguel Ibáñez, Raúl Varela, Enrique Marshall (padre e hijo), José Florencio Guzmán, Hernán Büchi, entre otros. Los presidentes que los designaron, los que los mantuvieron y sus ministros actuaron con prudencia, reconociendo el valor de la autonomía de la Superintendencia de Bancos.
