Cumplir la palabra: voto voluntario,
por Gonzalo Müller.
Mas allá de la legítima discusión de si lo conveniente es el voto voluntario u obligatorio, si votar es un derecho de cada ciudadano que puede ser ejercido o no, o una obligación o carga pública que implica compromiso y participación en la democracia, subyace el hecho de que recién hace un año se modificó nuestra Constitución como producto de un acuerdo amplio entre el gobierno anterior y los parlamentarios, y se consagró la inscripción automática y el voto voluntario, quedando pendiente sólo la dictación de una ley orgánica que implemente en la práctica estos cambios.
La discusión sobre la voluntariedad u obligatoriedad se ha dado, como nos recuerda el presidente de la DC, Ignacio Walker, en un plano de ideales o del deber ser democrático, pero contradictoriamente, al levantar una discusión que desconoce e incumple acuerdos largamente debatidos, él mismo envía la peor de las señales a los ciudadanos que busca convencer: la de que en política se puede incumplir la palabra.
Nadie duda de las buenas intenciones del senador Walker, pero debe hacerse cargo de que, incluso al interior de su partido, varios —como los senadores Alvear y Pizarro—, que podrían compartir sus planteamientos de fondo, han hecho ver el punto de que no cumplir lo acordado los colocaba en una incómoda posición frente a la opinión pública, además de minar la confianza política necesaria entre el actual Gobierno y la oposición de que los acuerdos se cumplen.
Más aún cuando el candidato presidencial de la DC y de la Concertación, Eduardo Frei, reafirmó durante la campaña, en repetidas oportunidades y no siendo desmentido por nadie, que su compromiso era con un sistema de inscripción automática y voto voluntario.
Gran parte del descrédito general de la política y de los políticos, a lo que no escapan los parlamentarios, se basa en la sensación de los ciudadanos que dudan de la confianza y credibilidad que aquéllos le ofrecen; en simple, no confían en que lo que les dicen en público, en medio de campañas, será sostenido después con la misma fuerza y convicción al ejercer los cargos para los cuales solicitaban apoyo. Si la renovación de la política fue un tema relevante en las pasadas elecciones y sigue estando presente en el debate público es precisamente para erradicar muchos de estos vicios, sea por la demanda de un cambio en la forma de hacer política y gobernar, como también por una renovación de liderazgos y de rostros que encarnen estos cambios.
Cuando se iniciaron las conversaciones, hace más de 10 años, sobre el cambio del actual sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, se hizo asumiendo que existe un profundo problema por la no inscripción, especialmente entre los sectores más jóvenes de nuestro país, y que se debía motivar su participación por ser ellos justamente los más críticos del actual sistema político, pero ¡qué contrasentido sería pretender solucionar esto simplemente obligándolos a votar!
Eso sería no reconocer los cambios sociales que nos hablan de un ciudadano que avanza en asumir un mayor protagonismo en la defensa de sus derechos y también en defender su libertad. No se puede pretender que el obligar a participar sea la solución a una actitud distante y crítica de muchos ciudadanos hacia los políticos. Mucho más útil es ver cómo avanzar en mejorar la oferta política que se les hace a esos ciudadanos y cómo se los puede motivar a participar, pero no sólo en las elecciones.
Por esto, cuesta entender el riesgo asumido por el presidente de la DC al llevar a su partido a desconocer lo acordado y no sumarse a la voluntariedad del voto, el que sería mucho mayor que el beneficio de reabrir un debate sobre el impacto de éstos en la calidad de nuestra democracia.
