¿Y qué pasó, compañera?,
por Gonzalo Müller.
Pocas veces la política se encuentra de frente con la realidad. Estas semanas la encuesta Casen ha producido uno de esos momentos. Y es que no hay buenas cuñas o consejo comunicacional que se haga cargo de esta lamentable realidad: entre 2006 y 2009 hay 355 mil chilenos que cayeron en la pobreza, mientras que la desigualdad ha aumentado, básicamente por el estancamiento de los más pobres en sus ingresos. Así, pobreza y desigualdad vuelven a estar en el centro del debate público.
Vivimos los últimos años bajo el embrujo de que el Estado, con el modelo de la protección social, era una red capaz de sostener a las personas en sus necesidades y darles herramientas para salir de su precariedad. La promesa era clara y simple de entender: había alguien, «El Estado», que nos iba a acompañar para superar la pobreza.
Pero ahora despertamos a la realidad. Debemos enfrentar estos hechos y efectuar un profundo y necesario análisis de qué estábamos haciendo como Estado en estas materias, y de cuáles fueron los errores cometidos que nos han hecho retroceder y fallar en una de las áreas más importantes para un país en desarrollo.
Una primera aproximación nos hace reflexionar sobre cómo no da lo mismo dejar de crecer. Nos fuimos acostumbrando a encontrar buenas razones de por qué Chile ya no podía crecer con la misma fuerza del pasado; nos adormecimos en las buenas excusas del mal momento internacional y de cómo cada crisis económica era una explicación para contentarnos con crecer, primero, un poco más que nuestros vecinos latinoamericanos y, al final, incluso menos que ellos.
Un efecto directo de nuestro bajo crecimiento es que cada vez estábamos creando menos empleos, situación que golpea con mayor fuerza a los sectores más pobres. Y la falta de un trabajo no puede ser suplida por la intervención del Estado protector.
Luego de una década de gobiernos socialistas, resulta inexplicable que se haya retrocedido en la lucha contra la pobreza y en lograr una mayor igualdad: si hay dos valores que la izquierda chilena ha sentido como propios, han sido éstos.
Sin duda las políticas de protección social son un avance, y su existencia un hecho fuera de debate. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de evaluar si estaban siendo bien implementadas y si los beneficiarios de éstas recibían verdaderamente una ayuda eficaz para salir de su situación de pobreza.
Nadie puede cuestionar las buenas intenciones detrás del modelo de protección social, pero, ante los resultados de la encuesta CASEN, hay un imperativo político y moral de asumir que no bastan los deseos que emanan del corazón, si no van acompañados de políticas eficientes y correctamente implementadas.
Necesitamos políticas públicas que no olviden que el protagonista de ellas debe ser la persona. Son sus habilidades las que debemos potenciar; el Estado, por más grande que sea, no es capaz de reemplazar la iniciativa y capacidad individuales, y debe cuidar de no ahogarlas, aunque lo haga bajo las mejores intenciones, porque el resultado de eso es siempre el mismo: más pobreza.
Trabajo y educación son dos claves para ir superando de manera definitiva la pobreza, nivelar la cancha y eliminar las desventajas, creando oportunidades y garantizando igualdad de condiciones. Todo ello es parte de lo que las personas esperan que el Estado promueva como herramientas de auténtica política social.
Son muchos los que en la Concertación, luego de revisar las cifras de la encuesta CASEN, deben estar iniciando una búsqueda de explicaciones. Ese es un debate sin duda necesario, porque enfrenta uno de los ejes centrales de lo que fue siempre su oferta política más sentida. Quienes se sienten golpeados por los resultados tienen todo el derecho de preguntar: ¿y qué pasó, compañera?
