Los tumultos y la impunidad,
por Axel Buchheister.
Esta forma de proceder deteriora el orden público, la democracia y también la libertad de las personas.
FUE LA SEMANA de los desórdenes, paros y agresiones. Colegios municipales y universidades -de aquellos que son financiados con la plata de todos- se encuentran bajo toma, con graves destrozos en mobiliarios e infraestructura e interferencia de la actividad académica. También presenciamos los disturbios y agresiones que afectaron al ministro Lavín, cuando concurría al simple lanzamiento de un libro, y a la jueza Karen Atala, por decretar el sobreseimiento de un diácono, a quien no se ha podido probar nada.
Todo aquel que quiere obtener algo en Chile y no puede por las buenas, puede imponerlo a los demás por las malas: es cosa que busque un eslogan políticamente correcto y adquiere patente para amenazar y agredir, y la consiguiente impunidad; más aún, si actúa en un tumulto: ya es "una manifestación".
Esta forma de proceder, cada día más corriente, no sólo va deteriorando el orden público y la democracia, debido a que las minorías vociferantes se terminan imponiendo, sino que también la libertad de las personas, pues ¿qué hay del derecho de los restantes alumnos que pretenden continuar con sus estudios, del ministro que quiere lanzar el libro y del auditorio a escucharlo, o del inculpado a tener un juicio justo? Y no vayan las víctimas a reaccionar, como la jueza que habría lanzado un café para poner distancia con los acosadores o el huaso que laceó a una activista que sin razón legal interrumpía su rodeo, porque arriesgan severas penas o el escarnio público. ¿Si nadie los ampara en su derecho, qué otra cosa podían hacer?
Todo esto se ha originado en la sistemática debilidad de los gobiernos, que para no perder puntos en las encuestas, terminan cediendo ante las presiones. El mensaje es claro: las vías de hecho son la solución. Tan familiar se nos ha vuelto, que la respuesta normal de la gente es apoyar siempre al que protesta, por cierto hasta que son víctimas de los excesos.
Pero también en la desidia de los persecutores criminales, cuando el Código Penal sanciona al "que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a ejecutar lo que no quiera" y pudiera aplicarse a muchos de estos casos. Aunque es apenas una falta, castigada con una multa, este no es un "delito de bagatela" como para dejarlo pasar, cuando lo que protege es ni más ni menos que la libertad de las personas a hacer su vida normal. Se necesita un fiscal que se la quiera jugar, incoando los procesos por la infracción a esa norma, y de un diputado -que suelen decir que están preocupados por los problemas de la gente- que proponga elevarle el carácter a delito común, con al menos una pena de reclusión nocturna, agregando en la figura, además de la violencia, la intimidación, para que los que abusan no se sientan tan impunes.
Así, los chilenos podríamos ver un rodeo, que no hace daño a nadie -ni siquiera a los novillos-, sin ser atropellados por otros que se creen titulares del bien y la verdad. Y éstos, obligados a seguir el camino de la democracia si quieren impedirlo, que es propugnar pacíficamente una ley. Como se hace en los países civilizados.
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