El AVC Gobierno-UDI,
por Eugenio Guzmán.
El “conclave” de la UDI ciertamente es el tema de la semana y plantea un Acuerdo de Vida en Común (AVC) entre el Gobierno y dicho partido. Se trata de un asunto que, si bien era evidente dada la histórica relación entre las colectividades de la derecha, poco se había hecho por abordarlo directamente. Hasta ahora, incluso podría decirse que los partidos de la coalición, incluido el del Presidente (RN), no parecen haberle “prestado ropa” en las distintas coyunturas en las que se ha envuelto el Gobierno. Entre las razones que lo explicarían está el hecho de que el Ejecutivo desde un principio marcó cierta distancia de aquéllos. Sin embargo, lo propio de una coalición es entender que es parte del quehacer político el que se produzcan este tipo de situaciones, y en consecuencia el principal objetivo debe ser blindar al Gobierno.
Hasta aquí parecería, entonces, que los distanciamientos de los partidos, o más bien su bajo nivel de asociatividad y apego a la gestión del Gobierno, serían algo poco comprensible. No obstante, algunos hechos muestran que ello no es así y que, en consecuencia, sí es necesario llegar a un acuerdo en materia de funcionamiento.
Al respecto, en primer lugar, cabe destacar que muchos de los problemas que ha enfrentado el Gobierno han surgido de su propio desempeño o de situaciones particulares en las que no se ha tenido respuestas claras. Dicho de otro modo, los autogoles han sido no poco frecuentes. Un ejemplo sería el proyecto de posnatal, blanco de una crítica muy certera por parte de la oposición bajo el concepto de “letra chica” y que también se dio con el bono bodas de oro, cuya reglamentación para ser beneficiario es bastante alambicada: sólo pensemos lo que significa un año para una pareja que cumpla 59, 58 y 57 como cónyuges y que recibirán el beneficio en 2012, o la fecha de 2013 para los que lleven 56 ó 55 años casados. Muchos probablemente nunca lo recibirán.
En segundo lugar, se ha generado un “síndrome de invitado” entre los miembros de los partidos; es decir, la cuenta está pagada y por lo tanto hay que ceñirse al protocolo, menú y, en general, a las reglas del juego del dueño de casa. Hay algo de eso en un régimen presidencial. No obstante, lo que ha sido la práctica común desde el retorno a la democracia es cierta forma de co-gobierno entre la coalición oficialista y el Presidente. Si bien ha habido énfasis distintos, finalmente se ha establecido una suerte de funcionamiento con este tipo de matices. En buenas cuentas, lo que se demanda es mayor interlocución en la formulación de proyectos y políticas. Y lo que resiente las relaciones es esta suerte de tratamiento de «invitado» para con los partidos y sus dirigentes, lo que a ratos implica que se es “descontado” a la hora de tomar decisiones.
Por supuesto, lo anterior no debe interpretarse como que esta fórmula sea per se mejor; de hecho, desde un punto de vista económico no existen garantías de que así sea. Podría darse el caso de que, en razón de objetivos electorales, exista una mayor propensión a exacerbar proyectos más expansivos en materia económica. La idea de ampliar el 7% sería una muestra.
En tercer lugar, está extendiéndose con mucha fuerza al interior de los partidos, y en particular en la UDI, la hipótesis de que un gobierno con muy baja aprobación puede impactar significativamente los resultados electorales en las próximas elecciones (municipales y parlamentarias). Si bien es factible, no necesariamente tiene que ocurrir, puesto que las dinámicas electorales no se ciñen tanto al desempeño de un gobierno, sino que a los candidatos; es decir, a quienes compitan.
Lo anterior, más otros elementos que por razones de espacio no están incluidos, permite concluir que lo que sigue hacia delante supone una arquitectura y diseño distintos. Constituye una gran oportunidad, que tiene como elemento base una mayor comprensión de las sensibilidades de los actores políticos y de la política, que no se resuelve con más senadores o diputados en el gabinete, sino con fórmulas orgánicas y mucha prudencia. Por cierto, insinuar reformas institucionales, tales como la reelección presidencial o el cambio del sistema electoral, no está dentro de la lógica de esta nueva etapa o diseño... o, dicho de otra forma, de este necesario AVC entre el gobierno y los partidos.
