Kodama, caballos, Transantiago y chocolates,
por Felipe Cubillos.
¿Qué tienen en común todos estos temas?, se preguntarán. Yo también. Lo que pasa es que son los grandes temas que hacen noticia en el Chile de hoy.
Por un lado, un Estado que demora más de cinco años en resolver un asunto de un corredor del Transantiago, y todo debido a que, cuando se asignó el contrato original, fueron tantos los enredos en la entrega de los permisos y expropiaciones, que dicho contrato demoró cuatro años en ejecutarse, cuando debió demorar uno. Lo grave es que todos nosotros —sí, todos nosotros, los chilenos— vamos a tener que pagar. ¿Cuánto? Ni sabemos... ¿lo sabremos algún día?
Una ministra quiso resolver el asunto en 34 días, pero lo hizo mal. Así lo reconoció, y fue justamente la velocidad de resolución del caso lo que prendió las luces de alarma. Es que en el Estado chileno nada puede ser rápido: lo que importa es el procedimiento. Tampoco importa resolver rápido y eficientemente los problemas de los más necesitados. Importa, de nuevo, el procedimiento.
Al mismo tiempo, el nuevo ministro de Transportes descubre que para el Estado es imposible fiscalizar la evasión que se produce en el Transantiago, y que eso debiera ser responsabilidad de los operadores. De verdad, felicito al ministro y de paso me pregunto cómo esto no se les ocurrió a los genios que idearon el sistema.
Pero, por otro lado, le estamos entregando a ese mismo Estado la solución de un problema grave de salud de los niños y jóvenes. Es que el tema de la obesidad es demasiado importante para dejarlo sólo en manos del Estado y, del modo como se está comunicando, pareciera ser un asunto que a él solo compete. Es que casi siempre tendemos a pensar que con más leyes vamos a resolver todos nuestros problemas.
Pero lo sorprendente es que un ministro se da cuenta de que no pueden fiscalizar el cobro en el Transantiago, pero otros piensan que esa misma estructura sí puede fiscalizar que los niños y jóvenes no coman chocolates.
Cuando un caballo se cruza en una autopista privada, la responsabilidad es del privado, o sea del dueño de la concesión; cuando ello ocurre en un camino público (como ocurrió con la triste muerte del diputado Lobos), la responsabilidad no es del dueño del camino, sino que del dueño del caballo. O sea, siempre del privado. Me parece bien que así sea (que existan medidas ejemplarizadoras); aquí el Estado se dio cuenta de que era imposible fiscalizar a todos los caballos. Pero todavía cree que va a poder fiscalizar la compra de chocolates.
No me voy a referir a la discusión de si es bueno o no que los niños coman chocolates; ha habido suficientes columnas de opinión y muchos blogs al respecto. Sólo diré que la medida es ineficiente y da señales equívocas.
Que el Estado chileno es pretencioso en sus aspiraciones, qué duda cabe. Cree que tiene la capacidad de ordenar una serie de conductas de los ciudadanos, cuando la mayoría de las veces todo esto queda en no más que una noble declaración de intenciones. ¡Y de paso todos nosotros creyendo que alguien está haciendo el trabajo!
La verdadera defensa de un sistema democrático eficiente, cercano y descentralizado es que el Estado reconozca sus limitaciones y traspase una serie de tareas a los ciudadanos, los cuales, organizados de distintas formas, lo apoyarán en su misión. Eso se llama crear sociedad civil.
Si queremos que los niños no coman chocolates, que el Estado cumpla su rol de informar acerca de su impacto, exija una rotulación clara (eso sí puede hacerlo), empodere a los colegios para que sean libres de elegir si quieren tener o no quioscos, que a su vez los padres puedan elegir entre los distintos colegios y, lo más importante, que nuestros niños sean formados en la voluntad (soy de aquellos que creen que la voluntad y el carácter no se enseñan, pero sí se pueden aprender).
