La jueza María Lourdes Afiuni, “la presa personal de Chávez”

La jueza María Lourdes Afiuni cumple dos años en prisión.

La jueza María Lourdes Afiuni, “la presa personal de Chávez”

Juan Paullier - BBC Mundo, Caracas

¿Por qué sacerdotes indios, parlamentarios polacos y periodistas estadounidenses visitan a una jueza venezolana en su casa?

María Lourdes Afiuni, de 47 años, cumple este sábado dos años presa, lleva desde febrero bajo arresto domiciliario donde recibió a BBC Mundo.

Muchos de ellos comparten la caracterización que de sí misma hace la jueza de ser una "presa personal de Chávez".

Afiuni desató la ira del presidente de Venezuela cuando liberó a un banquero que llevaba tres años detenido, tras ser acusado de cometer varios delitos, incluido ayudar a una compañía de computación a obtener dólares a tasa preferencial para importar equipos que nunca llegaron al país.

Nadie se anima a declarar por qué Chávez se tomó esta situación tan a pecho, aunque los rumores abundan.

Y las extravagancias del caso no han hecho más que llamar la atención a nivel internacional sobre la existencia o no de independencia judicial en Venezuela.

Para el gobierno y sus defensores las repercusiones se enmarcan en una campaña de descrédito contra Hugo Chávez y aseguran que se están manipulando casos legítimos a nivel judicial para perjudicar a las autoridades.

El caso

En la mañana del jueves 10 de diciembre de 2009, Día de los Derechos Humanos, la jueza decidió en una audiencia otorgarle una medida sustitutiva a la prisión al banquero Eligio Cedeño.

Cedeño estaba próximo a cumplir tres años detenido sin que comenzara el juicio.

En aplicación de la ley venezolana, que establece que nadie puede estar detenido más de dos años sin sentencia, lo dejó en libertad con régimen de presentación cada 15 días y le prohibió salir del país.

Afiuni también estaba aplicando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que había cuestionado la situación del banquero.

Él declaraba su inocencia y decía ser un "preso político". Escapó a Estados Unidos y recibió asilo.

Para la Fiscalía venezolana hubo irregularidades en su liberación.

Quince minutos después comenzó su infierno.

Los servicios de inteligencia la detuvieron.

Y por televisión, el presidente Hugo Chávez mostró su ira.

"Yo exijo dureza contra esa jueza, incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo".

"Entonces –agregó Chávez– habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, ¡30 años de prisión!, pido yo a nombre de la dignidad del país".

A la cárcel

A la jueza la enviaron a prisión, donde se encontraban una veintena de mujeres que había procesado o sentenciado por infanticidio, robo y narcotráfico.

La encerraron, 24 horas al día, en una celda de 2,5 metros por 3, donde, según expresaron varias veces sus abogados defensores, la habrían intentado atacar con cuchillos, sexualmente y hasta rociarla con gasolina.

Allí empezó a través del BlackBerry a usar Twitter sin parar, a descargar su bronca y a sumar seguidores, que ya casi son 85.000.

Por ese entonces un grupo de personas vinculados a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ya le había puesto el ojo al asunto pidiendo por la libertad de la jueza.

El esfuerzo incluye al célebre intelectual de izquierda estadounidense, Noam Chomsky, conocido por su admiración a Chávez, pero que en este caso ha cuestionado su detención y ha escrito una carta pública al respecto.

 

La salud de Afiuni fue empeorando, en febrero de este año le tuvieron que extirpar el útero y logró que le concedieran el arresto domiciliario.

Hoy las complicaciones de salud son otras, dos quistes –en un seno y en una axila– y un problema en la vegija, pero no le dan autorización para ir al hospital si no se trata de algo grave.

Un dentista amigo, por ejemplo, la visita en su casa y le hace los tratamientos que puede.

Presa, en casa

Afiuni vive en un apartamento en Caracas con sus padres y su hija.

El apartamento en Caracas donde vive con sus padres y su única hija, de 19 años, se convirtió en su prisión.

Por turnos, dieciséis militares cuidan que no se escape: dos militares vigilan el portón de acceso al edificio, dos se apostan en otro ingreso y otros cuatro pasan todo el día sentados frente a la puerta de su apartamento.

Ellos llevan registro de quién ingresa a la casa de la jueza, que no puede tener más de cinco visitas al día.

Allí recibe a BBC Mundo. Pero Afiuni, por decisión de juez de la causa, no puede dar declaraciones a los medios de comunicación.

Su hermano, Nelson, hace de vocero: "No puede hablar ni del clima con los medios".

Ella se sienta en el sillón, fuma, hace catarsis en Twitter, sonríe, frunce el ceño.

Durante el día aprovecha para hacer un curso de ingles a través de internet, arma rompecabezas, lee y por las tardes coloca sus piernas sobre la ventana enrejada para recibir un poco de sol.

Los materiales de su defensa y documentos judiciales no están en su casa porque los guardias pueden allanarla en cualquier momento.

No habla por teléfono porque los teléfonos, dicen sus familiares, están "pinchados", así que se comunica mayormente con el servicio de mensajería de su teléfono.

Detrás suyo, mirando hacia el exterior, una bandera venezolana con la inscripción "Afiuni" enseña que en el cuarto piso de ese edificio vive la jueza.

Una vez al mes sale a la calle. Cuando la trasladan a tribunales para ser juzgada, ella se niega a ingresar a sala porque considera que no va a tener un juicio justo, dice su hermano.

"La rabia, la saña con la que ha actuado Chávez en este caso –dice Nelson– es algo inusual (…) Ella sabía dónde se estaba metiendo, no era tan ingenua, pero no pensó que la iban a detener".

A la jueza se la acusa de "presunta comisión de abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y corrupción propia".

La Fiscalía ha reconocido que no tiene evidencias de que Afiuni haya recibo un pago o una promesa de pago, un delito que tiene una pena mínima de tres años de prisión.

"Es un delito que no existe –señala su hermano–, es corrupción sin dinero, es homicidio sin muerto".

Dos años más

Los Afiuni confiaban en que a los dos años se acabara el calvario, pero esta semana la Fiscalía solicitó extender por dos años la medida privativa de libertad.

El Ministerio Público afirmó que la medida se justifica porque el proceso ha sufrido demoras "por causas imputables al imputado o a la defensa".

La fiscal general, Luisa Ortega, ha destacado que Afiuni tiene "el mejor trato para una privada de libertad, en la comodidad de su hogar".

BBC Mundo intentó comunicarse con la Fiscalía pero fue imposible obtener un comentario sobre el caso Afiuni.

"No podemos perder la esperanza. Confío en las instancias internacionales, que van a lograr que se le conceda la libertad", dice Nelson Afiuni.

Tres órganos de protección de derechos humanos de la ONU califican la detención de Afiuni como arbitraria y exigen su libertad.

El presidente Chávez ha defendido el accionar de las autoridades en este caso.

"Ha actuado un poder absolutamente autónomo, un Poder Judicial que condenó a una exmagistrada", le dijo el año pasado a la BBC.

"Aquí hay una lucha a muerte contra la corrupción (…) y nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía", agregó.