Cárcel para los historiadores, por Gonzalo Rojas Sánchez.

( Gonzalo Rojas Sánchez, Porfesor, Historiador, 

Columnista y formador de juventudes).

Cárcel para los historiadores,

por Gonzalo Rojas Sánchez.

En "El primer círculo", esa prisión para científicos que Solzhenitsyn describe con maestría, cumplían sus condenas variados especialistas en sofisticadas tecnologías.

La mayoría de los historiadores no gozó de esa condición en el régimen soviético. Al igual que poetas y músicos, que novelistas y filósofos, que pintores y escultores, los historiadores fueron a parar a alguno de los 476 campos principales o a los varios miles de campos subordinados que integraron el Gulag, desde el de Solovetsky en 1923 hasta los de mediados de los años 80. Allí estuvieron entre cinco y 25 años; trabajaron como esclavos y muchos murieron olvidados. ¿Sus culpas? Cualesquiera ofensas al artículo 58 del Código Penal, que estipulaba todas las formas posibles de supuestos crímenes políticos. Evgenia Ginzburg y Tibor Szamuely son dos casos -quizás algo más conocidos- de entre los miles de historiadores condenados.

Siguiendo ejemplos europeos, se tramita en nuestro Congreso nacional un proyecto de ley específicamente dirigido contra los historiadores, esa raza de indomables que merece condena por su independencia.

Los autores de la moción ciertamente no acuden ya al dichoso artículo 58 - porque no se olvide que las izquierdas chilenas han renegado de los socialismos reales que las financiaron e inspiraron por décadas-. Pero da lo mismo. La propuesta es igualmente estaliniana.

Porque el proyecto dice así: "Quienes públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes de lesa humanidad o genocidios cometidos, particularmente, bajo el régimen militar que gobernó Chile entre los años 1973 y 1990, serán castigados con una pena de cárcel...". En uno de sus fundamentos se afirma que "es responsabilidad del Estado condenar estas actitudes negacionistas".

Bien claro, entonces: no podrá haber ni más investigación, ni más docencia, ni más divulgación histórica que la fundada en las tesis del revanchismo marxista. En Chile hubo "genocidio", y quien pretenda pensar desde otra perspectiva, investigar desde las fuentes y probablemente llegar a otras conclusiones, será simplemente un criminal.

¿Y qué piensan la Academia Chilena de la Historia, y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y los institutos universitarios de historia? Porque las amenazas son muy concretas.

¿Podría afirmar el historiador que a los enfrentamientos armados, a la represión y a las privaciones de ciertas libertades no se los puede llamar legítimamente genocidio? Sí, podría afirmarlo, pero a continuación podría recibir una pena de cárcel. Negó...

¿Podría explicar el historiador un proceso completo desde 1965 en adelante, con sus terribles sombras de terrorismo, sedición, guerra civil y dura represión? Sí, podría hacerlo, pero a continuación podría recibir una pena de cárcel. Condonó... (Pobres Mario Góngora y Gonzalo Vial: quizás serían procesados retroactivamente.)

¿Podría comparar el historiador el supuesto genocidio cometido en Chile con los efectivamente perpetrados contra los armenios por Turquía, contra los judíos por Hitler, contra los campesinos por Stalin, contra el 26 por ciento de su población por Pol Pot? Sí, podría hacer esa comparación, pero a continuación podría recibir una pena de cárcel. Minimizó...

Insólita sería, además, la distorsión de tareas. Porque los jueces tendrían que condenar a quienes han sido importantes mentores de su formación: los historiadores, quienes les han enseñado a buscar la verdad de cada caso, a penetrar seriamente en las fuentes, a no dejarse llevar por ideologías o intuiciones.

Sería el final de la tarea judicial.

Después, sin historia y sin judicatura, todo sería posible.