La política de los desafíos sociales,
Felipe Kast, Ministro de Planificación.
Conocí a María en Curanilahue hace casi quince años. A pesar de las dificultades económicas y sus crecientes problemas de salud, su sonrisa y empuje todavía iluminan las calles torcidas por los cerros. Años más tarde, mientras pasaba un fin de semana en su casa, sus ojos se pusieron húmedos. Estaba contenta con la visita, pero el verdadero motivo de sus ojos brillosos tenía una génesis distinta, y era fundamentalmente política. Al ver a Pedro, su nieto de 13 meses que recién aprendía a caminar, se percató de que no tendría ni la mitad de las oportunidades de sus amigos universitarios. María no estaba preocupada por ella, ni por las precariedades de su hogar, sino por experimentar en carne propia -abuela y nieto- la persistencia de la desigualdad de oportunidades.
En las últimas tres décadas hemos dado pasos importantes, y es precisamente por eso que ahora, cuando iniciamos nuestro tercer siglo como nación independiente, debemos volver a la discusión política con voluntad y desafíos que estén a la altura de las circunstancias. La acción política no puede reducirse a explicar en forma articulada los fenómenos externos que afectan a nuestra realidad social. María y Pedro esperan que asumamos responsabilidad política frente a los desafíos sociales. Así lo reiteró el Presidente en su discurso ante las Naciones Unidas esta semana, donde Chile presentó el Tercer Informe de Avance de los Objetivos del Milenio. Nuestra meta es erradicar la pobreza extrema antes del 2014 y sentar las bases para terminar con la pobreza antes de que termine esta década, para así avanzar hacia una sociedad más justa, fraterna e inclusiva.
Precisamente por esto es que nuestro gobierno ha puesto en el centro de su agenda la construcción de una sociedad de oportunidades, lo que, más que un eslogan, significa marcar un sello que ordene el contenido y la consistencia de la política social. Que no sea la cuna en la que nacemos la que determine irrevocablemente el lugar al cual podemos acceder, el lugar al cual Pedro puede llegar.
Es cierto que el Estado no puede sustituir el esfuerzo, la creatividad y el mérito como fuentes de progreso social, pero el solo empeño no alcanza si en lo colectivo no somos capaces de tomar aquello que está a la mano para algunos y hacerlo accesible para la mayoría. Ni el más profundo de los mercados ni el más robusto de los aparatos públicos pueden asegurar la integración social y la igualdad de oportunidades por sí solos.
Para distribuir oportunidades, sin privar de ellas a numerosos sectores de la ciudadanía -mujeres, jóvenes, pueblos originarios, entre otros-, es tan importante ser capaces de implementar políticas que fomenten el ingreso autónomo fruto de un trabajo digno, como aplicar transferencias directas y políticas especiales ahí donde éstas significan la diferencia entre la inclusión y la exclusión social.
Para lograr este objetivo deberemos avanzar en múltiples áreas. Lo primero e insustituible es la creación de empleos de calidad. No es la única, pero no existe herramienta más digna y poderosa para erradicar la pobreza, y este año las cifras de nuevos empleos son especialmente positivas, lo que permitirá revertir el alza en los niveles de pobreza.
Un Estado que aspira a la justa distribución de oportunidades también requiere de una institucionalidad que se ocupe de generar las condiciones para que los esfuerzos y recursos que se destinan para ello lleguen en forma oportuna, eficiente e íntegra a sus destinatarios. Al mismo tiempo, deberá ser capaz de focalizar y evaluar la inversión social, así como las políticas, programas y agencias destinados para ello.
Adicionalmente, la institucionalidad que se ocupe del desarrollo social deberá ser capaz de interactuar cotidianamente tanto con las instancias de decisión política y ejecutiva del Gobierno como con los actores clave del mundo político y la sociedad civil, donde radica buena parte del conocimiento acumulado sobre la real dimensión de la pobreza y sus causas profundas. Me refiero con ello a los alcaldes, los dirigentes sociales y vecinales o las agrupaciones que trabajan en terreno con comunidades de base.
Todo lo anterior forma parte de las metas y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social, cuya institucionalidad ha sido enviada en estos días al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. El desafío de superar la pobreza y distribuir oportunidades que nivelen la cancha en la que nos desenvolvemos cotidianamente requiere de un consenso amplio, y confiamos en que los legisladores de todos los sectores políticos se sientan convocados a contribuir con esta tarea.
