CRUZADA POR LA RECONCILIACION NACIONAL
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¿Derechos humanos para todos los chilenos?
“La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”
(Francis Bacon, 1561-1626)
A las puertas del bicentenario, conviven en Chile dos visiones de la historia reciente muy distintas entre sí. Por un lado, existe la de aquellos que – habiendo sufrido directamente las consecuencias del conflicto de los años 70’s - atribuyen al movimiento militar de 1973 y a los hechos subsiguientes caracterizados como violaciones de los derechos humanos, la condición de genocidio merecedor de una persecución inagotable. No hay en dicha visión la posibilidad de que existan buenos y malos, si no que todos quienes vistieron uniforme son calificados de intrínsicamente malos.
La otra verdad, ahogada hasta hoy por la masiva difusión de la primera, esplanteada por quienes estuvieron al lado contrario, atribuyendo la responsabilidad por la crisis a la arrogancia ideológica que llevó a aquellos a intentar imponer aceleradamente un modelo revolucionario rechazado por dos tercios de la ciudadanía.
De ambas verdades contrapuestas se derivan los males pasados, presentes y probablemente futuros de nuestra sociedad, demostrando que ella no es capaz deaprender de su historia.
Se ve a diario como ambas visiones, en vez de morigerar sus posiciones, agrava cada vez más la confrontación, incentivada por el intento de imponer una de ellas por quienes ejercen temporalmente la autoridad. Ello ha desplazado el debate desde la condición civilizada de “adversarios” hasta la de “enemigos”, cerrando la puerta a todo tipo de diálogo o intento de reconciliación efectivo. El discurso político del “ni perdón ni olvido”, reiteradamente empleado por los representantes de un sector, pone una lápida al necesario reencuentro entre los chilenos y penetra la mente de los jóvenes con una realidad que los agrupa en dos sectores antagónicos, sembrando en una parte de ellos el odio hacia todo lo que se parezca a un uniforme, mientras promueve en el resto el rechazo hacia el sectarismo ideológico que caracteriza esta campaña.
Nada más alejado de la “justicia” que dicen buscar aquellos que la generalización del recuerdo de lo malo, etiquetando de perversa a una parte de la sociedad. El peligro para la paz interna es una vez más exacerbado por la doctrina del odio, encontrándonos de nuevo ante la arrogancia de un sector que – al igual que ayer – hace alarde de una superioridad moral que nadie les ha otorgado, para acorralar a su “enemigo” con todo tipo de herramientas comunicacionales y jurídicas.
Es en este último ámbito donde radica el mayor peligro. Tal como lo señaló recientemente la destacada jurista, doña Clara Czszaranzky, se están aplicando en Chile dos modelos de Derecho Penal, uno tradicional dirigido al común de los ciudadanos, incluidos los criminales más abyectos y otro, descrito por ella como “el Derecho Penal del Enemigo”, aplicado exclusivamente a los ex – uniformados, negándoles toda consideración a sus derechos esenciales, puesto que en la condición de tales no les corresponden. Se crea así una suerte de “ciudadanos de segunda clase”, sin acceso a beneficios de ninguna especie, siendo relegados al olvido en
prisiones exclusivas que recuerdan los “gulag” de Siberia y la prisión de Guantánamo.
En ellas, de nada vale haber cumplido la mitad de la pena y las obligaciones carcelarias, por cuanto no hay posibilidad de acceder a los beneficios legales de salida dominical o libertad vigilada, constituyendo verdaderos parias para una sociedad que pretende alienarlos de por vida.
La máquina comunicacional, junto con asignar una imagen de peligro para la sociedad a personas inofensivas o gravemente enfermas, ha jugado con sus grados y roles, haciendo aparecer como oficiales de alta graduación a quienes en la época de los hechos iniciaban sus carreras, para presentarlos ante la opinión pública con el grado máximo que alcanzaron mucho después. Consiguen así acrecentar su responsabilidad aparente ante los ojos de quienes escuchan la única versión disponible de la historia.
Al amparo de esta campaña se aplica a ellos la legislación internacional de derechos humanos, aún cuando ella se encuentra recién aprobada en Chile, con expresa vigencia hacia el futuro, hecho que ha levantado voces vengadoras que pretenden reinterpretarla para atribuirle efectos retroactivos, aún cuando el propio Estatuto de Roma descarta explícitamente tal posibilidad.
Amparados en ficciones jurídicas cuyo carácter funcional ha sido reconocido por sus propios autores, los ejecutores del castigo niegan a los uniformados el derecho a la prescripción y a la amnistía, reabren procesos que constituían “cosa juzgada” y cometen abusos jurídicos de todo orden. Complementa el montaje de esta enorme maquinaria, el doble estándar que se evidencia con el desconocimiento procesal de la condición de “agentes del estado” en quienes hoy rinden cuentas, lo que es revertido
sin más cuando se trata de pagar suculentas indemnizaciones.
El abuso es tan evidente como ignorado por quienes tienen la obligación de asegurar la igualdad ante la ley para todos los chilenos. Pareciera que el poder político fuera absoluto y eterno, poniendo en evidencia una soberbia solo comparable a la de ayer.
La paradoja evidente muestra que quienes ayer fueron víctimas se han convertido hoy en los nuevos victimarios. Los perseguidos se han transformado en perseguidores y quienes sufrieron la violación de alguno de sus derechos fundamentales hoy violan los de los uniformados, confiados en el poder que detentan y olvidando que éste llegará su fin tarde o temprano, exponiéndolos a que se les exija rendir cuenta por los que hoy se consideran abusados, reiniciándose el ciclo destructor.
Lamentablemente, los perseguidores de hoy al igual que los de ayer, parecen olvidar que el tiempo borra fácilmente de la conciencia el contexto en que los hechos ocurrieron y que mientras persisten en hacer prevalecer su propia visión de la historia, sus oponentes tratarán de imponer su propia verdad, haciendo que lo que hoy parece justo y necesario, mañana sea calificado como lo contrario, sin atender a las circunstancias que lo provocaron.
Ese parece ser nuestro sino y no se ve intención de cambiarlo en quienes tienen la posición y el deber de poner fin de una vez por todas a un conflicto estéril, inconducente y que impide alcanzar la unidad nacional.
Quizás la reconciliación plena sea imposible, entendiéndose que quien perdió a un ser querido no podrá perdonar al responsable de ello. Pero lo que no es aceptable es eternizar el odio y la división, aún cuando éstos sean funcionales a algún mezquino interés electoral. Si no corregimos el
camino, la división entre los chilenos estará garantizada por muchos años, augurando una cadena interminable de conflictos, cuyo origen estará en la siembra de odios destinada a cosechar tempestades.
CRUZADA POR LA RECONCIALICIÓN NACIONAL
