(Casa con doble reja para intentar no ser asaltados)Parece inconcebible la falta de capacidad que han demostrado nuestras Autoridades en los últimos 20 años, en especial las de Interior, que en plena democracia han condenado a los chilenos a vivir un verdadero estado de sitio decretado por el accionar de las bandas delictuales y el narcotráfico.
Una Legislación permisiva, Jueces que aplican criterios inexplicables, políticos blandengues han obligado a la ciudadanía a encerrarse en sus domicilios apenas comienza a oscurecer, dentro de lo posible rodeados de las máximas medidas de seguridad y ojala tras gruesas rejas.
No deja de provocar impacto que se resguarde de manera muy eficiente los derechos de los maleantes y se deje abandonada a su suerte a sus víctimas, que parecieran no tener la protección del Estado, incluidos todas sus dependencias, ni el resguardo que explícitamente nos brinda la Constitución.
La inoperancia de las instancias destinadas a combatir a este flagelo, a los que una vez que son detenidos por las policías salen en libertad a las pocas horas, solo demuestra una preocupante falta de interés de la Autoridad por los sufrimientos que está enfrentando la población.
Creemos que es importante tomar la decisión de invertir la figura actual, que se brinde todo el apoyo del Estado a las victimas de estas mafias que nos atacan, dejando caer todo el peso de la sociedad contra aquellos deciden buscar “su” oportunidad al margen de la Ley.
Debemos terminar a la brevedad con el control de la delincuencia sobre los espacios públicos, cortar de raíz las posibles vinculaciones de las pandillas con algunos sectores del Poder Judicial y con los organismos coad-yudantes de la Justicia, como las policías y el Servicio Médico Legal.
No basta con aumentar las dotaciones policiales o proporcionarles más vehículos, es necesaria una voluntad política, por parte de los administradores del Estado, de enfrentar la verdadera guerra a la que nos están sometiendo las pandillas, para terminar con este intolerable estado de cosas que mantiene atemorizado al pueblo.
Es necesario, por cierto con todas las medidas de control, dotar a las Policías de las atribuciones suficientes para las labores preventivas y proporcionarles, además, las facultades necesarias para combatir de manera eficiente al delito que asfixia al país, poniendo en duda las posibilidades de desarrollo.
La situación que estamos viviendo, de virtual toque de queda o estado de sitio, que nos impone la delincuencia, debe ser enfrentado como una guerra, la que hasta el momento está perdiendo la sociedad, y una vez que se demuestre la voluntad política de triunfar, la población podrá colaborar en esta lucha.
Pretender como han intentado insinuar algunos miembros del Gabinete, que la sociedad civil actúe antes que exista la determinación es una planteamiento demagógico, pues dejaría a la ciudadanía indefensa a las venganzas de las poderosas fuerzas que movilizan los mal vivientes para proteger sus “negocios”.
Una Legislación permisiva, Jueces que aplican criterios inexplicables, políticos blandengues han obligado a la ciudadanía a encerrarse en sus domicilios apenas comienza a oscurecer, dentro de lo posible rodeados de las máximas medidas de seguridad y ojala tras gruesas rejas.
No deja de provocar impacto que se resguarde de manera muy eficiente los derechos de los maleantes y se deje abandonada a su suerte a sus víctimas, que parecieran no tener la protección del Estado, incluidos todas sus dependencias, ni el resguardo que explícitamente nos brinda la Constitución.
La inoperancia de las instancias destinadas a combatir a este flagelo, a los que una vez que son detenidos por las policías salen en libertad a las pocas horas, solo demuestra una preocupante falta de interés de la Autoridad por los sufrimientos que está enfrentando la población.
Creemos que es importante tomar la decisión de invertir la figura actual, que se brinde todo el apoyo del Estado a las victimas de estas mafias que nos atacan, dejando caer todo el peso de la sociedad contra aquellos deciden buscar “su” oportunidad al margen de la Ley.
Debemos terminar a la brevedad con el control de la delincuencia sobre los espacios públicos, cortar de raíz las posibles vinculaciones de las pandillas con algunos sectores del Poder Judicial y con los organismos coad-yudantes de la Justicia, como las policías y el Servicio Médico Legal.
No basta con aumentar las dotaciones policiales o proporcionarles más vehículos, es necesaria una voluntad política, por parte de los administradores del Estado, de enfrentar la verdadera guerra a la que nos están sometiendo las pandillas, para terminar con este intolerable estado de cosas que mantiene atemorizado al pueblo.
Es necesario, por cierto con todas las medidas de control, dotar a las Policías de las atribuciones suficientes para las labores preventivas y proporcionarles, además, las facultades necesarias para combatir de manera eficiente al delito que asfixia al país, poniendo en duda las posibilidades de desarrollo.
La situación que estamos viviendo, de virtual toque de queda o estado de sitio, que nos impone la delincuencia, debe ser enfrentado como una guerra, la que hasta el momento está perdiendo la sociedad, y una vez que se demuestre la voluntad política de triunfar, la población podrá colaborar en esta lucha.
Pretender como han intentado insinuar algunos miembros del Gabinete, que la sociedad civil actúe antes que exista la determinación es una planteamiento demagógico, pues dejaría a la ciudadanía indefensa a las venganzas de las poderosas fuerzas que movilizan los mal vivientes para proteger sus “negocios”.
