Algunas puntualizaciones
El cinismo de algunos resulta, por decir lo menos, impactante. A las apreciaciones del Ministro Francisco Vidal tratando de soslayar las culpabilidades que tiene el oficialismo en el drama que vivió Chile en los años 70, se agregan las “apariciones” de presuntos desaparecidos y las expresiones con que sus familiares de aferran a las “reparaciones” con que explotan al pueblo.
Un caso ejemplifica es el de Norma Rodríguez, que recibe desde 1992, es decir hace más de 15 años, una pensión de acreedor de $300 mil por el falso desaparecimiento de su cónyuge, Carlos Patricio Rojas, que apareció vivito y coleando en la República Argentina donde ha estado desde su desaparición sin tener problema alguno.
La beneficiaria de este dinero asegura que desde el año 1977 no sabe nada de su marido, que fue inscrito como Detenido desaparecido por la hermana de Rojas en la Comisión Rettig, gestiones de las que ella se habría marginado por “los problemas políticos” con que se encontraba su marido.
Con una demostración de inaudita frescura la “beneficiaria” de las compensaciones, que desde 1992 ha recibido el equivalente a unos 50 millones de pesos, manifestó no estar dispuesta a renunciar a estos beneficios, aduciendo que ella no tiene la culpa de que los Gobiernos hagan mal las cosas, agregando que las Autoridades la buscaron a ella y que si está vivo se lo traigan y se lo muestren.
Nosotros creemos que la farsa debe terminar, si se quiere encontrar las verdaderas causas de la violencia política en Chile no se puede circunscribir las investigaciones al periodo Militar, hay que retroceder hasta la génesis de este flagelo, en el Gobierno de Frei Montalva, donde comienza a gestarse el drama vivido por nuestros país y por el que los responsables no han asumido sus responsabilidades.
Lo que han hecho los Gobiernos de la concertación es una grotesca falsificación de la situación, en la búsqueda de una venganza contra quienes les aventaron del poder, con la que pretenden aparecer como víctimas cuándo la realidad indica que son los victimarios del pueblo, aprovechándose del dolor de muchos chilenos para obtener posiciones de poder y beneficios pecuniarios.
Todos los actores de la crisis política de los 70 tienen que asumir sus responsabilidades en la destrucción de la convivencia nacional y en el quiebre institucional que provocaron, pues, de no hacerlo, el país queda expuesto a la repetición de situaciones que nadie racionalmente puede querer que volvamos a vivir, ni mucho menos, que tengamos que pagar otra cuenta gigantesca de la irresponsabilidad de la dirigencia política.
Hasta el momento, utilizando para ello todo el poder de un Estado omnipotente y el dinero de todos los chilenos, nos han mostrado una sola cara de esta dramática moneda, pretendiendo dejar en el olvido la verdad de lo sucedido e intentando tapar de manera cobarde las responsabilidades de quienes se han encaramado en el poder sobre el drama provocado.
Creemos que el anuncio Gubernamental de que no se abrirán nuevamente las Comisiones Rettig y Valech solo demuestran los temores del Ejecutivo de quedar en evidencia sobre los turbios manejos que ha habido en estos temas.
