No más cacería de brujas,
por Axel Buchheister.
El patrón es conocido: cuando hay un suceso propicio, la izquierda denuncia a alguien vinculado al tema de los DDHH y estalla el escándalo.
Lo que comunicacionalmente comenzó como un debate sobre los problemas de gestión y falta de transparencia en el sector Defensa, se convirtió en un tema de "derechos humanos". Es la infinita capacidad de la izquierda para pautear la agenda y la ninguna capacidad de los demás para impedirlo.
El patrón es conocido: siempre que hay un suceso propicio, se denuncia la presencia de alguien vinculado al tema de los derechos humanos y se provoca el escándalo. La información la tienen desde siempre, pero no la entregan de una vez, sino que la van dosificando y usando según la ocasión. La idea es mantener el asunto abierto y que no se cierre jamás. La "vinculación" no es la participación demostrada en los hechos (esos están presos), sino insinuarla por haber estado alguien en la CNI o la Dina, en el regimiento en que ocurrió un hecho, o por haber sido citado a declarar como inculpado. También en ser yerno del general Contreras, parentesco por afinidad que motivó el cese de una asesoría en el Ministerio de Defensa. En cualquier país civilizado, despedir a alguien de su trabajo por estar casado con una hija de un condenado, por graves que fueren los delitos, daría origen a un caso de derechos humanos, pero en su favor, no en su contra.
Un sector que estuvo en la génesis de la violencia en nuestro país, que descalificó la democracia y amenazó con usar el fusil, no puede ser el referente de los derechos humanos. La sociedad tiene derecho a mirar la historia de otra manera y terminar con la caza de brujas. La Dina y la CNI fueron creadas por ley, y muchos militares pasaron por ellas como una destinación más; fue la realidad de los tiempos. Había una amenaza terrorista que combatir y no era resorte de tenientes y capitanes definir la legitimidad democrática de la organización. La mayoría cumplió la tarea de inteligencia sin realizar fechorías, las que realizaron otros, siempre los mismos, en una organización compartimentada. Tienen derecho a no estar marcados, que es bastante menos beneficio que para muchos extremistas que usaron las armas, para los cuales hubo perdón, comprensión, fuga y justificación, aun por crímenes cometidos en democracia.
La Concertación tuvo una doctrina: sólo el general que es procesado pasa a retiro; quien no lo ha sido, puede seguir la carrera y ascender. Fue la consideración que tuvo el general Castro, que llegó a ser el segundo al mando en su institución. Con el gobierno de la Alianza le ha ido peor, la doctrina cambió a la "incomodidad" del ministro de Interior, que lo deja en entredicho para continuar, sin que nada se le haya probado, o sea, siendo inocente. Es importante que el gobierno fije una frontera nítida, precisa y fundada; qué casos son condenables y cuáles no. De lo contrario habrá caza de brujas y bastará con ser señalado para ser culpable.
La centroderecha hace como que no fuera parte de la historia y no es así. Ya se ha solicitado la apertura de causas por 728 casos pendientes, que incluyen la investigación de la muerte del ex Presidente Allende, que todos saben se suicidó. Pero no importa, ya se presentó una querella "contra todos los que resulten responsables" de un crimen -se afirma- de lesa humanidad. "Todos" es amplio.
Tomado de Diario La Tercera.
