Abusos ,
por Adolfo Ibáñez.
La vida chilena está enrarecida por numerosos abusos de las propias autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y normas que regulan la convivencia ciudadana. Actúan en la impunidad de que nadie les pedirá cuentas y, peor aún, en muchos casos se valen de resquicios infantiles que agravan las faltas. Los testimonios abundan.
En esta campaña política que termina, los mismos parlamentarios-candidatos nos inundaron con su propaganda muchísimo antes de la fecha estipulada por la ley, en numerosos casos mediante el resquicio de no decir en sus carteles que eran candidatos.
Respecto del fisco, han sido denunciados reiteradamente los servicios que actúan como juez y parte: los ejemplos del SII y de la Dirección del Trabajo son los más llamativos. El SAG transformó una declaración simple en las fronteras por otra jurada, lo que les permite aplicar multas a los que simplemente olvidaron una fruta en sus autos luego de viajar cientos de kilómetros. Pero también los inspectores de todo tipo, que a veces ahogan la vida de las personas y de los pequeños emprendedores.
Todas estas regulaciones administrativas nos ponen frente al espinudo problema de hasta qué punto es delegable la voluntad soberana en funcionarios de la administración. Y hasta dónde ellos simplemente se autoinvisten de dicha representación. Es un asunto grave.
En el plano municipal se coluden los alcaldes que buscan más ingresos con el MOP, Vialidad o quien sea, para que instale letreros con regulaciones de velocidad en las autopistas de peajes; los carabineros, que cursan los partes a razón de tantos por día, y los jueces de policía local, que consuman este abuso aplicando multas. ¡Para qué decir de las municipalidades que descubrieron que tienen un par de kilómetros de autopistas dentro de sus deslindes! En todos estos casos se atropella flagrantemente el pacto ciudadano que estableció en su momento el pago de peajes a cambio de 120 km/h libres de restricción.
Otro abuso es el tolerar actos contrarios al ordenamiento institucional bajo pretextos ideológicos generalmente. El terrorismo en La Frontera es un caso excepcionalmente grave, porque no se le reconoce el carácter de tal. Pero también las huelgas de los profesores estatales, las de funcionarios de la salud y las de la administración pública. Todas prohibidas por las leyes en resguardo de la ciudadanía.
Es fundamental evitar estas formas de tiranía cotidiana que anulan la educación cívica y ahogan la vida republicana.
