Discriminando a la gente común.

Discriminando a la gente común,

por Axel Buchheister.

Las leyes antidiscriminación terminan perjudicando al ciudadano que no pertenece a ninguna minoría que resulta privilegiada.

Entendible conmoción  causó la muerte de Daniel Zamudio, joven homosexual que fue agredido de manera bestial por otros jóvenes, supuestamente "neonazis". Culpa de la derecha, que se ha negado a aprobar el proyecto de ley antidiscriminación, que si hubiera estado vigente nada habría sucedido.

En realidad, nada hubiera cambiado. El caso configura, según el Código Penal, un homicidio calificado por haber ensañamiento ("aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido"), que es más castigado que el homicidio simple, llegando la pena hasta presidio perpetuo. El proyecto de ley contiene una agravante consistente en cometer el delito -entre otros motivos- en función de la orientación sexual de la víctima, que podría determinar (si no hay atenuantes) la aplicación de la pena más alta dentro de las previstas e incluso, en conjunción con al menos otra agravante, la aplicación de presidio perpetuo calificado (no menos de 40 años en la cárcel); lo que igual puede suceder en este caso si concurren otras agravantes. De modo que el cambio no es trascendental, pero además es sabido que el delincuente no evalúa su acción con calculadora en mano: intuyendo ellos que era un crimen muy castigado, igual atacaron con furor a una víctima solitaria e indefensa.

Sería lamentable que sectores que defienden las posiciones pro gay estén utilizando un crimen atroz para explotar la sensibilidad ciudadana con el fin de obtener la aprobación de una ley que no marca una diferencia penal sustantiva, sin que se debatan todos los efectos que puede provocar. También pudiera ser aprovechamiento tildar a los agresores de "neonazis", rótulo efectista  cuando son por completo ajenos al fenómeno histórico de la Alemania nazi que evoca. Asimismo, llama la atención que analistas, expertos y políticos que habitualmente suelen prevenir contra la exacerbación de las penas sostengan la necesidad de hacerlo en este caso. Aumentar las penas, entonces, sería disuasivo.

Por otra parte, es conveniente percibir que de una discriminación positiva siempre se sigue una negativa: ¿Por qué si un joven hijo de vecino es atacado de la misma forma brutal que en este caso, sus agresores habrían de ser castigados en forma menos severa? Sería un atentado contra la igualdad ante la ley, en aras precisamente de la igualdad. La cuestión de fondo con las leyes antidiscriminación es que terminan discriminando al ciudadano común  que no pertenece a ninguna minoría que resulta privilegiada. Vigente en Chile la ley, si su hijo postula a un trabajo junto con un miembro de una minoría, es muy probable que no lo obtenga, porque el empleador puede temer cuestionamientos, problemas y demandas por infringirla.

Lo grave del debate en torno a la iniciativa antidiscriminación que ha generado el caso es que se ha desviado la atención de lo que importa, que es preguntarse qué está pasando en la sociedad chilena, con la familia y en la formación educacional,  que los jóvenes forman cada día más bandas desquiciadas que habitualmente asaltan y atacan con una brutalidad antes inimaginable al que va pasando, de preferencia si es débil o indefenso. Y qué es lo que hay que hacer para terminar con eso, cualquiera sea la víctima.