Lucro en el sistema escolar: aprender a leer la “letra chica” por Gregory Elacqua y Víctor Herrero.

Lucro en el sistema escolar:

aprender a leer la “letra chica”

por Gregory Elacqua y Víctor Herrero.

El fin del lucro en la educación ha sido una de las principales demandas del movimiento estudiantil. La Moneda ha rechazado rotundamente esta demanda, mientras que parlamentarios de oposición (y algunos oficialistas) la han recogido en una moción del Senado que propone prohibir el lucro en instituciones educacionales.

El problema es que nuestra clase política ha demostrado una asombrosa incapacidad para entender que el lucro es sólo la punta del iceberg. En muchos sentidos, el lucro se ha convertido en la palabra que simboliza un sentimiento que comparten muchos chilenos, en especial la clase media: una carta blanca para el abuso del poder económico sobre consumidores que se sienten indefensos.

Pero en la educación lo que subyace a la crítica contra el lucro es algo mucho más acotado, simple y, por lo mismo, mucho más potente. ¿Cuál es el verdadero deseo que está detrás de esta demanda? Saber en qué se gasta, cómo se gasta y quién se beneficia con las platas que el Estado chileno entrega a la educación. En otras palabras, muchos chilenos han aprendido a leer la letra chica y ahora exigen explicaciones.

Si el dueño de un colegio particular con fines de lucro se compró un Audi último modelo con los recursos que provenían de la subvención escolar, tenemos el derecho a saberlo.

Si un colegio religioso remodela su capilla o erige una estatua de la Virgen con los excedentes de la subvención escolar, tenemos el derecho a saberlo.

Si un alcalde busca asegurarse la re-elección al dirigir recursos de la subvención escolar hacia ciertas escuelas o áreas de la comuna donde busca obtener más votos, tenemos el derecho a saberlo.

Por lo tanto, el primer gran paso es transparentar —hasta el último peso— todos los recursos que el Estado entrega a todos los sostenedores: privados con fines de lucro, privados sin fines de lucro y municipales. La Superintendencia de Educación, que fue aprobada en abril y que será implementada en 2012, debería desempeñar este papel.

Un segundo paso es garantizar que los recursos públicos se destinen mayoritaria y efectivamente a impulsar la calidad de la educación: mejorar la tecnología y gestión escolar, capacitaciones e incentivos para los profesores, modernizar la infraestructura, etc.

Si el dueño de un colegio con fines de lucro se compró un Audi de último modelo en vez de invertir en un laboratorio de química, ¿debería seguir recibiendo los mismos fondos públicos?

Si un colegio religioso remodela su capilla o erige una estatua de la Virgen en vez de invertir en un laboratorio de química, ¿debería seguir recibiendo los mismos fondos públicos?

Si un alcalde constantemente favorece ciertas escuelas de su comuna (que atienden a los hijos de su base electoral), mientras que otras escuelas se quedan sin laboratorios de química, ¿debería seguir recibiendo los mismos fondos públicos?

La Ley de Subvención Preferencial de 2007, donde el Estado entrega más recursos a las escuelas por cada alumno de escasos recursos que tengan matriculado y que fiscaliza el uso de estos recursos adicionales, podría ser un buen modelo a seguir para fiscalizar el uso de todas las subvenciones para todos los colegios.

La preocupación por el lucro en la educación escolar ha sido un saludable comienzo de un debate que, sin embargo, tiene que ser mucho más amplio y profundo. Si nuestros políticos, tanto de gobierno como de oposición, sólo se quedan atrincherados en la discusión en torno al lucro en ciertos tipos de colegios, corremos el riesgo de una suerte de batalla de Verdún. Y, una vez más, habremos perdido una oportunidad histórica para impulsar un debate serio sobre cómo lograr y asegurar la calidad y equidad en la educación chilena.

Los viejos que no están, por Gonzalo Rojas Sánchez.

Los viejos que no están,

por Gonzalo Rojas Sánchez.

Ha faltado experiencia, ha faltado moderación, ha faltado independencia. Pocos se salvan de esta conclusión, porque ha habido muchos jóvenes dirigentes estudiantiles comportándose como viejos chicos, y numerosos políticos adultos jugando con ellos a las escondidas y al pillarse. Unos y otros fuera de papel, mientras se echaba de menos a los grandes viejos, justamente a quienes mejor dominan la experiencia, postulan la moderación y exigen independencia. En general, no han sido convocados y sólo unos pocos han salido a exponer por cuenta propia, desde sus precarias tribunas. Todo porque carecen de una instancia formal y simbólica -ambas cosas son necesarias a la vez- desde la que podrían pegarles buenos tirones de orejas a los niños y darles reprimendas a los adultos.

En Chile hoy no existe un Consejo de Estado, a pesar de que funcionó bajo la Constitución de 1833 y durante varios años después de 1973. A pesar de que... o quizás por eso mismo, dado el extremo grado de torpeza con que se aprecia nuestra historia.

Y, entonces, mientras se proponen mil medidas para la tercera edad y otras 100 reformas políticas, parece no estar en ninguna de ellas uno de los más valiosos aportes posibles: un nuevo Consejo de Estado que, con funciones meramente consultivas, pueda agrupar entre 50 y 70 de nuestros grandes viejos (incluidas notables señoras), para que se den el lujo de decirnos qué piensan, qué sugieren.

Integrado por algunos premios nacionales, unos pocos profesores universitarios, varios miembros de las academias del Instituto de Chile, no le vendrían mal tampoco unos pocos ex senadores y uno que otro ex ministro, o algún ex juez de tribunales superiores. Designados por sus instituciones a plazo fijo, podrían sesionar a requerimiento de cualquier poder del Estado, o auto convocándose por los dos tercios de sus miembros.

Nunca participarían en el proceso de discusión de las leyes, pero podrían dar siempre su opinión; emitirían informes de mayoría, minoría y prevenciones individuales; sus sesiones serían públicas y sólo cobrarían unos muy modestos honorarios por asistencia efectiva. Nada muy loco, todo bien sencillo y probado.

Pero, ¿aceptarían los parlamentarios de buena gana una iniciativa de esta naturaleza como para promoverla entre las posibles reformas constitucionales? La mayoría, no.

Las razones son penosas, pero forman parte de la conciencia que muchos legisladores tienen respecto de la precariedad de su condición pública. Por una parte, el temor de algunos senadores a tener que enfrentarse después en elecciones competitivas con personas que, habiendo formado parte del Consejo de Estado, pudiesen haber adquirido una notoriedad pública de la que antes carecían.

Se soluciona rápido. Prohibición para los consejeros de Estado de ser candidatos hasta 10 años después de su término en la función (y eso, en el lejano caso de que alguno pudiese estar interesado en tareas legislativas).

En segundo lugar, las posibles comparaciones. Frente a la banalidad de tantas discusiones legislativas, quizás los chilenos prefirieran ver por TV una reunión en que Juan de Dios Vial L., Pedro Morandé, Carla Cordua y Agustín Squella discutiesen sobre lucro, gratuidad, equidad y calidad. Quizás lo prefiriesen y eso sería grave, especialmente para el prestigio de los diputados.

Entonces, ¿cómo lograr que se estudie y promueva una iniciativa de este tipo?

Una instancia como el recién nacido Foro Republicano podría ser justamente el ámbito requerido. Ahí debiera pensarse, con calma y sin ideologismos, una iniciativa en la que llevamos años de retraso y para la que aún nos quedan grandes viejos.