El AVC Gobierno-UDI, por Eugenio Guzmán.

El AVC Gobierno-UDI,

por Eugenio Guzmán.

El “conclave” de la UDI ciertamente es el tema de la semana y plantea un Acuerdo de Vida en Común (AVC) entre el Gobierno y dicho partido. Se trata de un asunto que, si bien era evidente dada la histórica relación entre las colectividades de la derecha, poco se había hecho por abordarlo directamente. Hasta ahora, incluso podría decirse que los partidos de la coalición, incluido el del Presidente (RN), no parecen haberle “prestado ropa” en las distintas coyunturas en las que se ha envuelto el Gobierno. Entre las razones que lo explicarían está el hecho de que el Ejecutivo desde un principio marcó cierta distancia de aquéllos. Sin embargo, lo propio de una coalición es entender que es parte del quehacer político el que se produzcan este tipo de situaciones, y en consecuencia el principal objetivo debe ser blindar al Gobierno.

Hasta aquí parecería, entonces, que los distanciamientos de los partidos, o más bien su bajo nivel de asociatividad y apego a la gestión del Gobierno, serían algo poco comprensible. No obstante, algunos hechos muestran que ello no es así y que, en consecuencia, sí es necesario llegar a un acuerdo en materia de funcionamiento.

Al respecto, en primer lugar, cabe destacar que muchos de los problemas que ha enfrentado el Gobierno han surgido de su propio desempeño o de situaciones particulares en las que no se ha tenido respuestas claras. Dicho de otro modo, los autogoles han sido no poco frecuentes. Un ejemplo sería el proyecto de posnatal, blanco de una crítica muy certera por parte de la oposición bajo el concepto de “letra chica” y que también se dio con el bono bodas de oro, cuya reglamentación para ser beneficiario es bastante alambicada: sólo pensemos lo que significa un año para una pareja que cumpla 59, 58 y 57 como cónyuges y que recibirán el beneficio en 2012, o la fecha de 2013 para los que lleven 56 ó 55 años casados. Muchos probablemente nunca lo recibirán.

En segundo lugar, se ha generado un “síndrome de invitado” entre los miembros de los partidos; es decir, la cuenta está pagada y por lo tanto hay que ceñirse al protocolo, menú y, en general, a las reglas del juego del dueño de casa. Hay algo de eso en un régimen presidencial. No obstante, lo que ha sido la práctica común desde el retorno a la democracia es cierta forma de co-gobierno entre la coalición oficialista y el Presidente. Si bien ha habido énfasis distintos, finalmente se ha establecido una suerte de funcionamiento con este tipo de matices. En buenas cuentas, lo que se demanda es mayor interlocución en la formulación de proyectos y políticas. Y lo que resiente las relaciones es esta suerte de tratamiento de «invitado» para con los partidos y sus dirigentes, lo que a ratos implica que se es “descontado” a la hora de tomar decisiones.

Por supuesto, lo anterior no debe interpretarse como que esta fórmula sea per se mejor; de hecho, desde un punto de vista económico no existen garantías de que así sea. Podría darse el caso de que, en razón de objetivos electorales, exista una mayor propensión a exacerbar proyectos más expansivos en materia económica. La idea de ampliar el 7% sería una muestra.

En tercer lugar, está extendiéndose con mucha fuerza al interior de los partidos, y en particular en la UDI, la hipótesis de que un gobierno con muy baja aprobación puede impactar significativamente los resultados electorales en las próximas elecciones (municipales y parlamentarias). Si bien es factible, no necesariamente tiene que ocurrir, puesto que las dinámicas electorales no se ciñen tanto al desempeño de un gobierno, sino que a los candidatos; es decir, a quienes compitan.

Lo anterior, más otros elementos que por razones de espacio no están incluidos, permite concluir que lo que sigue hacia delante supone una arquitectura y diseño distintos. Constituye una gran oportunidad, que tiene como elemento base una mayor comprensión de las sensibilidades de los actores políticos y de la política, que no se resuelve con más senadores o diputados en el gabinete, sino con fórmulas orgánicas y mucha prudencia. Por cierto, insinuar reformas institucionales, tales como la reelección presidencial o el cambio del sistema electoral, no está dentro de la lógica de esta nueva etapa o diseño... o, dicho de otra forma, de este necesario AVC entre el gobierno y los partidos.

Los tumultos y la impunidad, por Axel Buchheister.

Los tumultos y la impunidad,

por Axel Buchheister.

Esta forma de proceder deteriora el orden público, la democracia y también la libertad de las personas.

FUE LA SEMANA de los desórdenes, paros y agresiones. Colegios municipales y universidades -de aquellos que son financiados con la plata de todos- se encuentran bajo toma, con graves destrozos en mobiliarios e infraestructura e interferencia de la actividad académica. También presenciamos los disturbios y agresiones que afectaron al ministro Lavín, cuando concurría al simple lanzamiento de un libro, y a la jueza Karen Atala, por decretar el sobreseimiento de un diácono, a quien no se ha podido probar nada.

Todo aquel que quiere obtener algo en Chile y no puede por las buenas, puede imponerlo a los demás por las malas: es cosa que busque un eslogan políticamente correcto y adquiere patente para amenazar y agredir, y la consiguiente impunidad; más aún, si actúa en un tumulto: ya es "una manifestación".

Esta forma de proceder, cada día más corriente, no sólo va deteriorando el orden público y la democracia, debido a que las minorías vociferantes se terminan imponiendo, sino que también la libertad de las personas, pues ¿qué hay del derecho de los restantes alumnos que pretenden continuar con sus estudios, del ministro que quiere lanzar el libro y del auditorio a escucharlo, o del inculpado a tener un juicio justo? Y no vayan las víctimas a reaccionar, como la jueza que habría lanzado un café para poner distancia con los acosadores o el huaso que laceó a una activista que sin razón legal interrumpía su rodeo, porque arriesgan severas penas o el escarnio público. ¿Si nadie los ampara en su derecho, qué otra cosa podían hacer?

Todo esto se ha originado en la sistemática debilidad de los gobiernos, que para no perder puntos en las encuestas, terminan cediendo ante las presiones. El mensaje es claro: las vías de hecho son la solución. Tan familiar se nos ha vuelto, que la respuesta normal de la gente es apoyar siempre al que protesta, por cierto hasta que son víctimas de los excesos.

Pero también en la desidia de los persecutores criminales, cuando el Código Penal sanciona al "que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a ejecutar lo que no quiera" y pudiera aplicarse a muchos de estos casos. Aunque es apenas una falta, castigada con una multa, este no es un "delito de bagatela" como para dejarlo pasar, cuando lo que protege es ni más ni menos que la libertad de las personas a hacer su vida normal. Se necesita un fiscal que se la quiera jugar, incoando los procesos por la infracción a esa norma, y de un diputado -que suelen decir que están preocupados por los problemas de la gente- que proponga elevarle el carácter a delito común, con al menos una pena de reclusión nocturna, agregando en la figura, además de la violencia, la intimidación, para que los que abusan no se sientan tan impunes.

Así, los chilenos podríamos ver un rodeo, que no hace daño a nadie -ni siquiera a los novillos-, sin ser atropellados por otros que se creen titulares del bien y la verdad. Y éstos, obligados a seguir el camino de la democracia si quieren impedirlo, que es propugnar pacíficamente una ley. Como se hace en los países civilizados.