“Pon la plata donde están tus palabras”, por Cristina Bitar.

“Pon la plata donde están tus palabras”,

por Cristina Bitar.

“Put your money where your mouth is”, es un dicho americano que se refiere a hacer las cosas y no sólo hablar de ellas ni prometerlas. Es una frase atingente en estos días en que parte la discusión del Presupuesto 2012. La oposición ha anticipado una tramitación difícil para el proyecto; ese anuncio debe precisarse bien en su sentido y alcance, pues ésta es por lejos la ley más importante del año para el funcionamiento del Estado y, por muchas razones, una prueba de fuego para medir la capacidad de gobierno y oposición para ponerse de acuerdo. Es probable que la Concertación vea en el presupuesto una oportunidad de mostrar una falta de compromiso del Gobierno con el gasto social, y que, por su parte, el Ejecutivo arguya que el gasto público desmedido tiene efectos negativos en parámetros macroeconómicos importantes y en el tipo de cambio.

De todo se ha visto en la discusión de este proyecto, desde la guerra civil de 1891, gatillada en última instancia por una imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre el presupuesto, hasta el bochornoso incidente en que algunos parlamentarios exigían dejar partidas enteras en $1.000, por no estar de acuerdo con ellas. En momentos de alta volatilidad e incertidumbre mundial, es importante tener en cuenta que la gente espera al menos tres cosas.

Primero, transparencia en la discusión. Vale decir, que se pongan sobre la mesa en forma clara los antecedentes que permitan a cada chileno informado sacar sus propias conclusiones respecto de las prioridades en el gasto público para el próximo año: dónde, en qué y para qué se va a gastar el dinero. La oposición tiene que hacerse cargo de la historia, pues no sería justo que le exigiera a la actual administración algo que fuera mucho más allá de lo que ellos hicieron cuando fueron gobierno. Pero al Gobierno y a la Alianza se les debe pedir una posición clara y coherente respecto de su propuesta, ya que un gobierno que es minoría en ambas cámaras no puede darse el lujo de mostrar divisiones a la hora de defender su planteamiento presupuestario.

Segundo, hacerse cargo de la realidad económica internacional, que anuncia un 2012 muy complejo. En ese sentido, no es razonable pensar que en un período de crisis el Estado pueda, a través del gasto público, hacerse cargo de sostener toda la economía. Hay que defender el empleo privado con mucha responsabilidad, pues ahí está la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Los nubarrones económicos tenemos que despejarlos lo más rápidamente posible. Eso significa un sector privado que no pierda dinamismo, en que ojalá no se destruyan puestos de trabajo. Al mismo tiempo, un gobierno que tiene que asumir un país que espera políticas sociales más activas en períodos de crisis; el concepto de un gasto público contracíclico está bastante arraigado después de veinte años de administración socialdemócrata, pero con responsabilidad fiscal.

En tercer lugar, gran capacidad de diálogo político. Las encuestas nos hablan de un país que no está contento con la gestión del Gobierno ni con la de la oposición. Enfrascarse en una discusión que convocaría a todo el espectro político durante varias semanas, que sin duda tomaría un carácter de recriminaciones mutuas, es un juego de suma cero. En él no gana nadie y sólo terminaremos con una política más desprestigiada. Desde que regresó la democracia, nunca la discusión presupuestaria ha terminado sin acuerdo, pero esta vez hay una gran diferencia: la oposición tiene mayoría en ambas cámaras. Eso no sucedió nunca durante los cuatro gobiernos de la Concertación. La oposición tiene, entonces, una responsabilidad especial, distinta de la que tuvo en su momento la Alianza: éste es el momento de que comprenda que está en una posición estelar y que lo que le rendiría sería actuar con generosidad y espíritu de acuerdo. Una ley de presupuesto tramitada razonablemente y resuelta con amplia mayoría sería un gran logro, que capitalizaría principalmente quien controla el Parlamento, que es la oposición.

Estas próximas semanas serán muy importantes para la opinión que la gente tiene de la política y los políticos. Serán una verdadera prueba de fuego. Ojalá no la desperdicien, porque necesitamos con urgencia recuperar la adhesión de dos coaliciones que le han dado gobernabilidad y estabilidad a Chile.

Justicia imposible por Pablo Rodríguez Grez.

Justicia imposible

por Pablo Rodríguez Grez (*)

En los últimos años, cada día con mayor fuerza, se ha profundizado uno de los obstáculos más difíciles de superar para los efectos de impartir justicia. Se trata de la generación de una atmósfera que condena o absuelve, en forma anticipada, a una persona cuya conducta está sometida a juzgamiento por los tribunales. Lo anterior puede explicarse y hay quienes, incluso, lo justifican en causas penales, dada la connotación social del delito y la exposición de los hechos ante la opinión pública, pero no sucede lo mismo con las causas civiles o penales con aristas civiles, en que se halla comprometida, principalmente, la responsabilidad patrimonial de agentes privados o del Estado. Lo que señalamos se proyecta a todo el ámbito de la comunidad y se expresa en consignas, eslóganes o lugares comunes que, casi sin excepción, esconden mensajes ideológicos y persiguen fines electorales. Sin embargo, es en el campo jurisdiccional -administración de justicia- en donde más influye este fenómeno.

Los problemas relativos a la responsabilidad civil, por lo general, no son siempre de fácil solución. Gravitan en ellos una multitud de factores que impiden resolverlos sin practicar un análisis detallado de los hechos y de las normas jurídicas que los regulan. Es, por lo mismo, inaceptable que la ciudadanía, de manera intuitiva o emocional, incitada por activistas ideologizados, emita un veredicto prematuro que, cualquiera que sea, influirá en quienes están llamados a resolver aplicando la ley en el marco de un Estado de Derecho. En otras palabras, los jueces, por neutrales que puedan parecernos, terminan contaminados por el clamor generalizado que reclama una determinada decisión, la cual, invariablemente, es fruto de una campaña proyectada y desplegada con fines preestablecidos.

La revolución tecnológica ha colocado en manos de todos los integrantes de la sociedad una amplia gama de recursos que permiten no sólo registrar los hechos que ocurren a su alrededor sino también comunicarse y movilizarse, cada día con mayor facilidad y rapidez. Sin embargo, quienes conforman y marcan el rumbo de la opinión ciudadana son los medios masivos de comunicación social (TV, radio y prensa), así ha ocurrido en el pasado y debe seguir ocurriendo en el futuro, pero con dos novedades importantes: por una parte, el poder de estos medios es cada día más extenso y arraigado, por obra de un instrumental tecnológico que se renueva y moderniza día a día; y, por la otra, el fácil acceso a los canales de información de que gozan los miembros de la comunidad, hasta ayer silenciosos y desconocidos, pero hoy vociferantes y opinantes. Así las cosas, se ha construido un cerco en torno a las autoridades llamadas a solucionar los conflictos jurisdiccionales y administrativos el cual, aun cuando imperceptiblemente, condiciona o determina sus resoluciones. No es exagerado sostener que, en definitiva, muchas sentencias son fruto de presiones subterráneas de las que resulta imposible sustraerse, al ser producto de un ambiente contaminado y predispuesto.

Lo que denunciamos impide hacer justicia en muchos casos, probablemente los más significativos, puesto que ello supone la existencia de jueces ajenos a todo influjo que condicione su obrar, libres de prejuicios y de ideas preconcebidas y, por lo tanto, capaces de aplicar la ley sin otro compromiso que el de imponer su sentido y su espíritu. Lo que se observa en el ámbito penal es esclarecedor. Habitualmente las determinaciones de los jueces de garantía respecto de medidas cautelares, tales como la prisión preventiva, son modificadas por las Cortes de Apelaciones, siempre previa campaña informativa que deja de manifiesto una disconformidad social con lo resuelto.

Cabe preguntarse, en este contexto, ¿qué posibilidad de hacer justicia existe cuando la atmósfera misma que rodea un hecho condena irremediablemente a un presunto culpable? Sostengo que es muy difícil neutralizar este efecto y que los llamados a juzgar, sin siquiera advertirlo, se verán constreñidos a pronunciarse en uno u otro sentido. Si no hubiere existido Émile Zola, muy probablemente Dreyfus habría pasado a la historia como un traidor. Para superar esta deficiencia no hay, en este momento, otra receta que el fortalecimiento moral de quienes tienen en sus manos el enorme arsenal tecnológico que permite moldear el sentimiento, la emotividad y la credibilidad de los ciudadanos.

(*) Pablo Rodríguez Grez es el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo