La importancia de las instituciones, por David Gallagher.

La importancia de las instituciones,

por David Gallagher.

Muchos pensadores han estado recalcando lo necesario que es contar con instituciones sólidas y eficaces para que un país sea exitoso, porque sin ellas ni las mejores políticas económicas funcionan. Instituciones que, además, se mantengan al día. Cuando se quedan atrás, pierden su funcionalidad y se vuelve difícil renovarlas, por los poderosos intereses que hay de por medio. Allí es donde los países empiezan a irse a la deriva. Allí es donde hasta los imperios más poderosos se asoman a la decadencia.

Francis Fukuyama, en su último libro, "Los orígenes del orden político", da un ejemplo interesante, para no decir aterrador, de instituciones añejas: las de los Estados Unidos. Allí el sistema político fue ideado para que nadie tuviera demasiado poder. Se privilegió la libertad sobre la eficacia. Felizmente, dice Fukuyama, en momentos críticos emergió el liderazgo, y en torno a él el consenso, para tomar las decisiones difíciles que se necesitaban. ¿Qué hacer ahora, se pregunta, cuando ante una crisis como la del déficit fiscal, no hay ni liderazgo ni consenso? Fukuyama insinúa que las instituciones de Estados Unidos pueden no ser ya las más adecuadas para enfrentar la situación.

Mientras tanto, ¿cómo están las nuestras? ¿Son fuertes? ¿Están al día? A juzgar por la temperatura de la calle, mucha gente ya no se siente representada por ellas. Por otro lado, habría que cuestionar su eficacia. El Estado chileno no responde adecuadamente a las necesidades de un país moderno. Por su parte, los partidos políticos no se modernizan. Aun cuando celebran elecciones, poco cambia. ¿Quién manda en el PPD, su presidenta o los caudillos de siempre? Para qué hablar de la UDI, y el putsch de sabor totalitario con que recién se desbancó a la mesa. En general, los partidos políticos son susceptibles de ser capturados por caudillos y por grupos de interés, sea con golpes de fuerza o con dinero: por eso urge una ley que les asegure su financiamiento. Por su lado, el sistema binominal, que por 20 años le dio estabilidad al país, ahora parece demasiado poco competitivo. Su deficiente representatividad es agravada por la liviandad con que se cooptan congresistas al Gobierno, reemplazándolos sin consultar al electorado.

Uno le podría perdonar su falta de representatividad a la clase política si fuera más eficaz. Pero hace tiempo que los políticos les hacen el quite a las decisiones difíciles. Nadie quiere arriesgar su popularidad, tal vez por la inseguridad culposa que despierta esa misma falta de representatividad. Cada vez más, los políticos son vistos como frágiles ante cualquier presión, y por eso mismo la gente sale a la calle a presionar. Los políticos, sin pudor alguno, la acompañan, en una suerte de participación inversa.

La reforma de las instituciones es una tarea que debería ser abordada en forma transversal, como ocurrió cuando la oposición le dio una mano a Lagos y se avanzó en una reforma del Estado. El tema requiere sacrificios. Un empresario extranjero me preguntaba hace poco qué era eso que llamamos las "élites" en Chile. Me dijo que en un país como Australia, si se pusiera a hablar de las élites, se reirían de él. Me dejó pensativo. Nuestras instituciones son más sólidas que las de otros países latinoamericanos, y nuestras élites más responsables. Pero hay países desarrollados en que ya no se habla de élites, porque en ellos priman las instituciones sobre las personas. Quizás sea que en Chile las mismas élites, de izquierda o de derecha, todavía no se resignan del todo a que eso se dé acá, por la pérdida de poder y de figuración que podría significarles. El desafío que nos aguarda requiere, entonces, mucha capacidad de entrega.

Debate prohibido, por Alberto Medina Méndez.

Debate prohibido,
por Alberto Medina Méndez.

Una de las mayores muestras de hipocresía, tiene que ver con los debates que la sociedad DECIDE no dar. Muchos asuntos conforman esta lista y vale la pena abordarlos a todos, pero uno de ellos se destaca especialmente.

Se trata de los empleados estatales, los trabajadores del sector público como le gusta llamar a algunos. Y es que el ciudadano medio le reclama a la política que haga gala de transparencia, pero no solo para que no se corrompa y termine robando, sino para que sea intelectualmente honesto y discuta lo que debe y no solo lo que las normas de cortesía indican.




Sin embargo, ese mismo ciudadano, tampoco se anima a decir lo que piensa en público, en todo caso lo manifiesta en su círculo intimo, con reserva, por lo bajo, no sin antes disculparse de semejante atrevimiento.



Y hay que decirlo con todas las letras. La única manera de resolver un problema es enfrentarlo. Hacer de cuenta que no existe, minimizarlo, quitarle relevancia, ponerlo en segundo plano, no ayuda a resolverlo.




Un diagnostico adecuado nos da, al menos la chance, de hacer lo correcto, gradualmente quizás, pero con el rumbo claro, y en la orientación esperada que conduzca a su solución.



Desde lo ideológico, muchos podrán decir que las funciones del Estado son terreno opinable. Pero lo que no deja lugar a dudas, y abundan pruebas que lo demuestran, es que está sobredimensionado, que es ineficiente, que gasta más de lo razonable, que muchos de sus empleados no podrían sostener su trabajo en el sector privado, solo porque no están a la altura de su labor cotidiana.




La estabilidad laboral del empleo público se ha constituido en el peor enemigo del sistema, es la trampa letal que el régimen se impuso a sí mismo. En el afán de evitar el botín político que suponen los vaivenes electorales, se ha inclinado la balanza hacia lo más fácil, pero al mismo tiempo la peor decisión.




La imposibilidad de perder el trabajo, hace que muchos empleados públicos dejen en el camino su dignidad, se relajen, dejen de esforzarse y caigan en la dinámica de soportar al funcionario de turno, ese que hace de jefe durante algún tiempo, hasta que el recambio electoral se lo lleve puesto, y venga algún otro en su reemplazo.




En ese proceso, su ineficiencia crece, y al mismo tiempo se va invalidando profesionalmente, al quedarse detenido en el tiempo, creyendo que su estabilidad es un premio, sin comprender que no tiene estimulo alguno para crecer, porque aun con sus mejores intenciones, la política se ocupará de premiar a los aduladores, a los militantes y a los amigos antes que considerarlo siquiera, dejando el merito del esfuerzo y la efectividad como parámetro razonable para incentivarlo en su tarea.




El que hace bien las cosas cobra cierto dinero, y el que trabaja mal también, sin diferencia alguna. Una mala praxis sindical, cierta equivocada demanda social y una supuesta sensibilidad de la comunidad, se ocuparán de hablar de la necesidad de mejorar sus salarios por el solo hecho de ejercer cierta tarea significativa para la sociedad. Nadie hablará en ese contexto de los mejores y los peores, meterán a todos en el mismo barco y dirán que su condición de empleado público debe ser la unidad de medida.




Se premiarán aspectos como la antigüedad, tal vez una formación educativa superior, y hasta le darán continuidad a nuevas generaciones de empleados públicos, por el solo hecho de ser parientes, pero es improbable que hablen de eficiencia, de productividad, de rendimiento.




Esto no es justo para nadie. No lo es para el que se esfuerza y merece algo mas por lo que se compromete a diario, y tampoco lo es para el que creyéndose más pícaro, retacea esmero, porque se lo hace vivir en un mundo de fantasía, donde cree que tiene trabajo cuando en realidad, solo parasita, y recibe una indignante dadiva por ir todos los días a cumplir horario. Podrá tener un ingreso, pero difícilmente pueda ser un ejemplo digno de imitar para sus hijos.




Claramente la sociedad en general no los respeta, es más los desprecia muchas veces y desprestigia a todos, a los mejores y a los peores, calificándolos de abúlicos, perezosos e indolentes, por el solo hecho de ser parte del sistema estatal.




Un falso argumento dirá que se trata de una cuestión social, que el Estado cumple ese rol de empleador para cubrir la ausencia de oportunidades laborales. Esa falacia, que cae por sí misma, apela a la emotividad, pero contiene tramposas explicaciones. Cuando se da estabilidad, esa excesiva cuota de impunidad, al empleo público, se genera un efecto, tal vez indeseado, que hace que ese recurso humano se abandone a sí mismo, deje de prepararse para el desafío de un trabajo mejor, poniéndose un límite que lo imposibilitará superarse para ofrecerle un futuro mejor a sus seres queridos. Es esa actitud la que impide que en el futuro, alguna empresa pueda considerarlo seriamente como una posibilidad para contarlo en sus filas, convirtiéndose entonces esta modalidad en la causa de su pobreza crónica.




El debate de fondo tiene que ver con el excesivo número de empleados públicos, con esa estabilidad que pretende evitar un mal mayor, pero que solo consigue transformarse en el peor estigma de este esquema, haciendo que el Estado crezca desproporcionadamente, se haga más ineficiente, y haga que esos costos económicos los soportemos todos.




Esa realidad la sienten con más virulencia los que menos tienen, esos esforzados trabajadores del sector privado que pagan sus impuestos y que pierden poder adquisitivo por esa inflación que los gobernantes usan para pagar el gasto estatal. Ellos pagan la fiesta, la desidia de muchos y la comodidad de otros. La pagan con mucho trabajo, sin estabilidad, con mucha dignidad y sin nadie que haga lobby por ellos.




Este es uno de los tantos temas, de los que poco se habla porque hacerlo implica ir a la cuestión de fondo. Después de todo, resulta más simpático, menos complejo, hablar de superficialidades, hacerse los distraídos, y poner esta discusión en la nomina de los debates prohibidos.