Salud: nuevo golpe a la clase media.

Esto agravará la ya mala salud estatal y descalabrará la privada.

Salud: nuevo golpe a la clase media.

La mayoría de la comisión Presidencial para la reforma del sistema de Isapres se ha pronunciado por implantar un seguro único de salud. Por tanto, las Isapres dejarían de existir, lo que obligaría a todos sus beneficiarios a afiliarse a dicho seguro único, que será Fonasa. Según esta propuesta, que se transformaría en un proyecto de Ley si el Gobierno la aprueba, las personas no tendrían opción de elegir su sistema de salud, pese a que sus promotores afirman que sí se podrían elegir prestadores privados, mediante la modalidad de libre elección, cuyas coberturas son muy inferiores a las de las Isapres, especialmente en atención hospitalaria privada. Así, se Estatizarían las funciones que por 33 años han cumplido las Isapres.

Las consecuencias de semejante reforma son predecibles. Nada permite suponer que Fonasa vaya a superar sus problemas históricos, similares a los de sus entes predecesores: gravísimas deficiencias en calidad de servicios, carencias y demoras que pueden significar años de espera. No ha podido hacerlo a pesar del enorme y sostenido incremento del presupuesto Estatal de salud en los últimos 15 años (9% real anual). La llegada de 3,3 millones de beneficiarios representará un incremento solo marginal del presupuesto, que no asegurará mejores servicios, y es de prever un deterioro en los sistemas de recaudación de cotizaciones y control de las licencias médicas. Para la mayoría de estos nuevos contribuyentes al sistema de salud, el pago de la cotización será un mero impuesto. Algunos, los sanos, jóvenes y pudientes, podrán asegurarse en compañías de seguro para lograr cierta cobertura para acceder a una atención oportuna que no sufra las insolubles fallas de la salud Estatal.

La propuesta de esta comisión vulnera los contratos suscritos de por vida por los afiliados con sus Isapres y hará más exclusiva la atención privada. ¿Tiene derecho el Estado a desmejorar los servicios para un sector de la población que hace un esfuerzo considerable por tener un seguro de salud adecuado a sus necesidades? Si la gente reclama en los Tribunales, es por mantenerse en las Isapres, no por abandonarlas. Y no existe ningún programa conocido para mejorar y modernizar los servicios que reciben 13 millones de personas que sufren la ineficiencia del sistema Estatal de salud. Conocidas son las presiones sin límites de sus gremios (baste notar lo que está sucediendo en estos días con las concesiones hospitalarias). ¿Se forzará a los afiliados a Isapres a retirar sus medicamentos AUGE en la fila del consultorio público, en vez de hacerlo en la farmacia privada, como ahora? Cuando se manifieste el descontento general, ¿se forzará al Estado, como en el Transantiago, a desembolsar recursos que hoy aportan voluntariamente los propios afiliados del sistema de Isapres?

Esta comisión no ha cumplido el encargo Presidencial, que era resolver los problemas del sistema privado de salud, especialmente en cuanto al ajuste de precios. La mayoría de sus miembros ha optado por propuestas mesiánicas, sin entregar ninguna para mejorar el enorme, ineficiente y arcaico aparato Estatal. Esto agravará la ya muy mala situación pública y descalabrará la privada, detendrá la necesaria inversión privada en salud, disminuirá la libertad de las personas, limitará el empleo en este sector y sus múltiples áreas conexas, y reducirá las opciones de ejercicio privado de la medicina.

La más golpeada será la clase media, que hoy puede usar su cotización obligatoria en las Isapres, si lo desea. En adelante, tendrá que entregarla a un Fonasa que no querrá utilizar si puede evitarlo, y pagar adicionalmente por atención privada. Es probable que de entre los tres millones de perjudicados -especialmente las personas mayores y con preexistencias-, que de un día a otro no tendrán otra opción que Fonasa, surjan liderazgos opositores a esta regresión, tal como ha sucedido en educación.