¿Cuánto
Estado Social y por cuánto tiempo?,
por Álvaro Góngora.
El lema del Gobierno es "más y mejor
Estado", en servicios públicos, se entiende; en fiscalización y
regulación, pero también impulsando la productividad y el desarrollo, se dice.
El programa es amplísimo al respecto. Se aspira a instaurar un Estado Social
que asume como mandato los derechos económicos, sociales y culturales,
propiciando mayor igualdad. Una concepción política derivada del Estado de
Bienestar.
Fórmula que surgió a fines del siglo XIX en
Occidente, hasta consolidarse en Europa promediando el siglo siguiente. ¿Su
predicamento? Resolver desigualdades provocadas por la Gran Depresión y la
Segunda Guerra. Hubo diferentes modelos según países, aunque con funciones más
o menos similares: redistributivas, protección social, educación gratuita, empleo
público, vivienda. Fue la institucionalización de los llamados derechos
sociales garantizados para todo ciudadano. Sin duda hubo progreso económico,
pero fue variable acorde con el modelo y la economía mixta de mercado
implementada.
Chile asumió la tendencia. Los Gobiernos de
Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez y, especialmente, de los Presidentes
radicales, estuvieron inspirados en la idea de Estado Benefactor. Se promovió
la intervención Estatal en forma creciente, controlando las variables
macroeconómicas más importantes. Incluso la entidad fomentó la
industrialización, mediante medidas proteccionistas, con empresas Estatales y
otorgando incentivos y respaldo técnico a otras semifiscales y privadas
(Corfo). El gasto se elevó considerablemente para satisfacer demandas, en alza,
de sectores populares y medios, siendo la fuente de recursos financieros un
repertorio de ingresos tributarios, contribuciones previsionales y un
crecimiento económico solo razonable.
Sin embargo, la migración campo-ciudad y la inclusión
democrática de nuevos grupos sociales que exigieron acceder a dichos beneficios
terminaron por hacer colapsar el sistema. La base de sustentación del modelo
fue insuficiente. Conste que era un país distinto y mejor preparado que el
actual en términos demográficos. La población era abundante, con tasas de
natalidad que aseguraban el recambio generacional y una fuerza laboral adecuada
para solventar las necesidades tributarias y productivas.
Hoy el panorama es otro. La fecundidad está
bajo la tasa de recambio (1,8 hijos por mujer; en 1950 eran 5,4), ubicándonos
entre los países de menor natalidad continental, situación que puede empeorar.
Hay más solteros que casados, los matrimonios son más tardíos, el 14% de los
hogares son unipersonales, se prefiere la convivencia en general y entre
personas del mismo sexo en particular (hoy 35 mil parejas). Considérese además
que la mortalidad ha descendido apreciablemente, situando la esperanza de vida
al nacer por sobre los 83 años para ambos sexos. Las proyecciones demográficas
del INE al año 2050 auguran un estancamiento y envejecimiento poblacional.
¿Posibles repercusiones, sin contar escenarios
externos negativos? Demanda por bienes y servicios decreciente, contracción del
ahorro y productividad, fuerza laboral sin impulso o estancada, y recursos
geométricamente menores para financiar programas de previsión, salud y otros.
Se trata de una variable que el programa del Gobierno
que comienza no considera. No se conocen fórmulas y mecanismos, pero, con tanta
política pública de largo plazo proclamada en favor de los derechos sociales
-"cambios estructurales"-, es razonable preguntar si podrán
mantenerse en el tiempo o qué dimensión podrá alcanzar el Estado Social con
esta transición demográfica, que no es menor. ¿Se hizo la prospección en
cuestión o es un salto al vacío? ¿Qué cree usted? ¿La base económica será
suficiente esta vez?
(Tomado de Emol y reproducido por considerar
que el tema es de vital importancia al considerar los ofertones con que
Bachelet llegó a La Moneda.)
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